RENACIONALIZAR LA ENERGIA Y EL AGUA

Alberto Híjar

28 de septiembre, 09.

El XIII Foro de la Energía del jueves 24 de septiembre, debió tener mejor audiencia pero no logró interesar a los agitados activistas del SME en lucha por su registro oficial y la demanda de juicio político contra el Secretario del Trabajo. Sin embargo, el vestíbulo del hotel alquilado lució lleno de estudiantes de UPIICSA y personeros de organizaciones de la resistencia popular recibidos por las grandes mantas rojas con la consigna de renacionalizar la energía.

Las cuatro ponencias fueron precisas y elocuentes gracias al power point altamente ilustrativo para reseñar la privatización del agua y de las energías. En las intervenciones finales, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, precisó el tráfico del agua en la sacrificada Delegación Iztapalapa donde las carencias han sido aprovechadas para entregar a una empresa el servicio mercantil de las pipas que han subido el precio de 40 a 70 pesos. Esto es parte del proceso de privatización furtiva experimentado en estados como Aguascalientes desde 1993, según explicó el ingeniero Eduardo Hernández de la Coordinadora de Trabajadores del Agua con la descripción de la complicidad entre la Comisión Nacional del Agua y la SEMARNAT con la operación financiera de BANOBRAS, para beneficiar a consorcios trasnacionales como Bechtel o GUTSA de Carlos Slim. Si nos cobran por agua potable, se preguntó, ¿por qué nos obligan a beber aguas embotelladas?

La privatización eléctrica en el Valle de México fue explicada por el ingeniero Javier Sainz del Frente de Trabajadores de la Energía con mapas y gráficas para precisar la zonificación del país en beneficio de una continua contratación directa sin licitación de consorcios trasnacionales protegidos por una ley secundaria del Artículo 27 constitucional a la que se han hecho reformas donde desaparece el concepto de servicio público. La generación de energía y su distribución cuentan con beneficiarios de tan dudosa utilidad pública como Telmex, Cinemex, Liverpool, Barcel y Bimbo.

En pie siguen las demandas de fines de los ochenta cuando la Tendencia Democrática hizo marchar juntos al SUTERM y al SME para exigir la integración de Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad con la presencia combativa de los sindicatos de trabajadores y no como ahora cuando no se enteran de las trapacerías empresariales hasta que ya están en práctica y no queda más que negociarlas.

La elevación furtiva de las tarifas eléctricas fue la ponencia del ingeniero Sergio González Broca del FTE. Mostró con gráficas las maniobras de reclasificación del servicio eléctrico para justificar el perjuicio a los usuarios que menos electricidad consumen. Con un recibo de luz de los que todos pagamos, explicó el significado de las claves numéricas que habitualmente no atendemos para pagar sin resistencia alguna. Recuperar el concepto servicio público con su pleno sentido popular tiene que ir de la mano de la consigna principal del FTE: renacionalizar la energía eléctrica de manera superior a lo hecho por el gobierno de López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Esto es así porque ya advertía Miguel González Avelar en su tesis de licenciatura en derecho: “en el Senado se insistió en que la mencionada reforma no establece, respecto de las actividades de la industria eléctrica un monopolio de estado… la reforma constitucional no impide a los particulares seguir generando energía por su cuenta, siempre y cuando su instalación se destine exclusivamente a usos propios”. He aquí los fundamentos de la privatización de la energía. El Estado defiende la apropiación privada de los medios de producción a empresas trasnacionales lo cual exige plantear la renacionalización con el poder vigilante de los trabajadores organizados.

Concluyó el XIII Foro el doctor en astrofísica David Bahen quien criticó la Ley de Servicio Público de la Energía y la Comisión Reguladora de la Energía. El escándalo no advertido alcanza dimensión futura con la concesión anticipada de todas las formas de generación energética, incluyendo la solar que todavía no se experimenta. Sol, agua, viento, y hasta la basura, están ya concesionadas para su explotación imperial. De aquí la justicia de las resistencias populares organizadas en Tabasco y Baja California, urgidas de articulación con los trabajadores de la energía organizados. Un dirigente de Chicomuselo donde hay represión y presos políticos, abundó sobre la resistencia y un representante de Tecamac insistió en la urgencia de la unidad combativa. Para la seguridad del Estado debe parecer inexplicable cómo desde Tabasco y Chiapas hasta Baja California, el Distrito Federal y el Estado de México, hay organizaciones de la resistencia combativa contra el imperio salvaje. Sus entendederas escasas atribuyen esto a agitadores profesionales, desestabilizadores y partidarios del estallido social como llaman los burócratas, diputados y senadores a lo que se ve venir. No entienden la raíz profunda de esta digna rabia. Pero tampoco las organizaciones sindicales que debieran ocuparse no sólo del trámite de su registro oficial, sino de la explicación precisa de lo que ocurren con la energía y con el agua para actuar en consecuencia.

Todo lo dicho por el Frente de Trabajadores de la Energía es acompañado por una disciplina ejemplar: camisas rojas, mantas, orden preciso, excelentes publicaciones, todo lo cual le ganó la inclusión en la Federación Sindical Mundial. El XIII Foro de la Energía empezó con la voz de Bárbara Oaxaca cantando a los trabajadores y cerró con el himno de origen chileno ¡Venceremos! y la Internacional cantados por todos. Larga vida al FTE.

¿QUÉ INDEPENDENCIA FESTEJAREMOS LOS INDIOS DE MÉXICO? Parte I

¿QUÉ INDEPENDENCIA FESTEJAREMOS LOS INDIOS DE MÉXICO? Parte I

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México es una excelente nueva oportunidad para que los Pueblos Indígenas –habitantes milenarios del Territorio que hoy se denomina México– revisemos nuestro lugar y condición social y política en este país. Es una oportunidad para que los mexicanos y el Estado nacional mexicano revise de frente a la Nación cuál es el tipo de relación social y política que ha impuesto a los Pueblos Tribus y Naciones originarias.

Es una nueva oportunidad para actuar en consecuencia. ¿LOS INDIOS FORMAMOS PARTE ORGÁNICA DE LA NACIÓN MEXICANA? En 1993 hice un análisis sobre los Derechos Humanos y las condiciones de vida de nuestros Pueblos Indígenas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Mi interlocutora era de una ONG extranjera. Decía que en principio me creía, pero que en el fondo se cuestionaba si en realidad yo era objetivo o estaría exagerando; ante mi consternación ella me explicó que en esos días se realizaba un evento internacional en Bélgica y que el gobierno de México había montado un stand con la presencia de elementos culturales de las diferentes regiones del país, de todo ello, destacaba la presencia de sujetos vestidos a la usanza tradicional de los indígenas mexicanos y que al cuestionarles sobre las condiciones en las que vivían sus Pueblos y sobre la relación que tenían con el Estado nacional la respuesta dibujaba a un buen Gobierno y a Pueblos Indígenas satisfechos y felices. México y “sus indígenas” estábamos a un paso del primer mundo.

Eran múltiples y enormes los esfuerzos del Movimiento Indígena Nacional para mostrar a los mexicanos y al mundo la verdadera realidad, la condición de opresión, dominio, segregación y pobreza extrema de nuestros Pueblos Originarios y su lucha por un cambio justo, pero eran insuficientes para superar pronto la propaganda mediática del Estado.

El levantamiento armado del EZLN en enero de 1994 rompió de tajo el monopolio de la verdad del Estado y su mal gobierno. El manejo mediático inteligente que dio a su lucha armada en Chiapas bloqueó la mordaza impuesta por el Gobierno a los medios de comunicación, la presencia de los medios internacionales terminó por confirmar que el Gobierno mexicano era un tramposo y mentiroso. Tales acontecimientos por extensión reivindicaron a los representantes indígenas que dentro y fuera del país veníamos denunciando las injusticias y luchando democráticamente por nuestra liberación.

El EZLN siendo mayoritariamente indígena no era un movimiento étnico pero su levantamiento armado finalmente concatenó principalmente al Movimiento Indígena Nacional. Por eso, aceptamos gustosos ser sus asesores durante el diálogo de San Andrés en octubre del año 1995. Paradójicamente, debe reconocerse, fue Carlos Salinas de Gortari quien inició el proceso de reconocimiento de la existencia de los Pueblos Indígenas en México.

En 1991 aceptó suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989. Este Convenio era el primer instrumento internacional en la historia que establecía algunos derechos de los Pueblos Indígenas dentro de los Estados nacionales y tenía carácter vinculante, es decir, era ley. Sin detenerme en las limitaciones conceptuales y jurídicas del Convenio, muchos vimos en éste una tablita en medio del océano. Tenía derechos fundamentales como el derecho a la Consulta que mucho bien ha hecho a nuestros Pueblos. Pero cuando Salinas envió el Convenio al Senado para su ratificación descubrieron que el Convenio 169 era contradictorio con nuestra Carta Magna porque siendo aquél un instrumento destinado a proteger algunos derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestra Constitución Federal no existía referencia alguna a la existencia jurídica de los Pueblos Indígenas. ¿Descuido histórico? No, decisión política históricamente, conscientemente asumida por los políticos mexicanos.

A principios del siglo XIX, de cada 10 habitantes, 8 eran hablantes de alguna Lengua Indígena. A pesar de ello, desde los preparativos de la insurrección a finales del siglo XVIII hasta la culminación del proceso de independencia de México, los insurgentes habían incorporado a los Indígenas sólo como fuerza de choque, como tropa, de correos a lo sumo.

Influidos por la ideología liberal francesa y hasta la monárquica española, los Insurgentes nunca pensaron en un proyecto de Nación multiétnica. A los indios nos ofrecieron cambiar de amo y nos prometieron la restitución de algunas tierras pero nunca formar parte del nuevo Estado.Nunca nos ofrecieron ser hermanos. Culminada la independencia, los pocos insurgentes vivos (aculturizados unos, mezquinos otros) y la mayoría de criollos y españoles independentistas, francamente colonialistas, decidieron conscientemente excluir a los Pueblos, Tribus y Naciones Originarias de su Proyecto de Nación.

La abrumadora mayoría de los políticos dirigentes de la época se escudaron en un idílico proyecto liberal de Nación Única,y bajo el slogan liberal de que todos seríamos iguales ante la ley nos denominaron a todos los habitantes del territorio nacional genéricamente mexicanos. Así, de un plumazo, los nuevos mexicanos políticamente proscribieron de México a los Pueblos Tribus y Naciones Originarias. A Salinas le interesaba estar a tono con el mundo desarrollado y era tan holgada su supuesta popularidad que pretendiendo responder al reclamo del Movimiento Indígena Nacional y al mismo tiempo mostrarse como estadista benefactor ante el primer mundo (ya promovía un asiento para México en la OMC e incluso dirigir a ésta), que se dio el lujo de promover la reforma constitucional que crearía el artículo 4 que no otorgaba derecho alguno pero por primera vez reconocía la existencia en México de los Pueblos Indígenas como el sustento original de la Nación mexicana. Subrayo, una vez más, la República mexicana se formó con un 80% de población indígena y sólo un 20% de población que no lo era. Así, a partir de 1992, el Convenio 169 era ya ley nacional; su rango era inferior a la Constitución Federal, del mismo nivel de las Leyes federales, pero superior a las Constituciones Locales.

Después de 182 años por fin los Pueblos Indígenas ERAN MENCIONADOS en la Ley Fundamental de México, NO NOS RECONOCÍAN DERECHO ALGUNO pero se reconocía la existencia de esos colectivos llamados Pueblos Indígenas QUE EN EL PASADO fueron el sustento de la formación de la Nación mexicana. Esta estrategia del Estado que pretendía en 1992 reducirnos a entidades del pasado y a elementos meramente folklóricos para arropar de nuestro misticismo y valores a la Nación mexicana se desvaneció coyunturalmente con el levantamiento armado de los Indios de Chiapas. México no tenía a los indígenas en su alma, los tenía bajo sus pies, oprimidos en calidad de vasallos. A partir de 1995 con la conjunción del EZLN y el Movimiento Indígena Nacional que dieron cuerpo a los Acuerdos de San Andrés, los Pueblos Indígenas demostramos ante la Nación mexicana que seguimos siendo extranjeros en nuestra propia tierra; que estamos excluidos del Estado mexicano, de sus instituciones y de su política pública; que existe una política histórica de segregación y etnocidio vía empobrecimiento extremo y aculturización que nos obliga a dejar de ser indígenas para poder ser mexicanos; demandamos ante la Nación un nuevo Pacto Federal que haga reconocimiento pleno a los derechos autonómicos de los Pueblos Indígenas como sociedades originarias histórica y culturalmente diferenciadas. En suma, los Pueblos Indígenas se revelaron como uno de los grandes problemas nacionales de México a resolverse para que verdaderamente seamos mexicanos, estemos en paz y tengamos algo que celebrar.

Este documento fue publicado el sábado 29 de agosto en la Jornada de Veracruz

Civilización y modernidad: el movimiento indígena

Civilización y modernidad: el movimiento indígena 
Mónica Bruckmann* 


La crisis mundial contemporánea no sólo se manifiesta en su dimensión económica y principalmente financiera, sino que representa también una profunda crisis civilizatoria del capitalismo mundial como modo de organización de la sociedad y como forma de producir conocimiento, al mismo tiempo que cuestiona fuertemente el sistema de poder en el planeta. Asistimos a la decadencia de un sistema hegemónico unipolar que necesita cada vez más de la intervención militar brutal para validar su condición de dominación, convirtiendo la civilización occidental en una fábrica de barbarie y de políticas de irrespeto a los principios fundamentales de convivencia de la humanidad.

Artículos relacionados:
. Carta del Presidente Evo Morales a la IV Cumbre Continental de Indígenas 
. 9 de agosto: Día de los Pueblos Indígenas y de la Declaración de sus Derechos / Bartolomé Clavero 
. Abya-Yala* y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Reparar la colonialidad” / Norma Giarraca** 


La visión eurocéntrica

En la base de este sistema de dominación se ubica la perspectiva eurocéntrica como fundamento ideológico y como forma de producción y control de la subjetividad de las sociedades. La producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la civilización occidental es el único modelo civilizatorio del planeta, y que todas las demás civilizaciones, sin importar su nivel de elaboración y complejidad, su grado de desarrollo o sus aportes a la humanidad, son consideradas apenas culturas atrasadas respecto al modelo impuesto. La arrogancia de esta visión eurocéntrica no sólo justificó violentas formas de colonización y colonialismo sino que se convirtió en una barrera cognitiva que impidió a Occidente conocer y comprender la complejidad del mundo y las más antiguas e importantes civilizaciones del planeta. De esta manera, se despreciaron conocimientos milenarios, formas de organización de la vida y la sociedad no-occidentales, formas más humanas de relación con la naturaleza y la vida, sensibilidades estéticas altamente elaboradas, producción artística y cultural de gran importancia, aportes filosóficos e inclusive el denso pensamiento social producido fuera de los países centrales de occidente. 

El eurocentrismo impuso una forma de hacer ciencia y un camino único de producción de conocimiento, que redujo a la condición de a-científico, para-científico o folklórico todo aquel conocimiento producido fuera de estos cánones. En esta perspectiva, el tiempo no existe, pues el conocimiento es universal y válido para cualquier tiempo histórico y para cualquier realidad social del planeta. Esta incapacidad de comprender que la teoría, la ciencia y el conocimiento son productos históricos, ha significado una de las principales limitaciones de la ciencia positivista. Esta ciencia, cada vez más preocupada con su coherencia interna que con la realidad social, se ha encerrado en sí misma para producir sus propias premisas y otorgar a sus deseos, la condición de conclusiones científicas. De esta manera, ha perdido la capacidad de comprender la complejidad del mundo contemporáneo y de cualquier intento de prever escenarios futuros. La humanidad está en camino a romper profundamente con estos paradigmas de ciencia y con esta visión del mundo y de la humanidad. 

¿Modernidad vs atraso?

En América Latina la idea de modernidad, como modo de existencia social y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonial y como parte integrante de esta estructura de dominación y de poder. Como sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano, al analizar el surgimiento de la noción de modernidad, se trata de un momento en la historia en el cual los varios tiempos e historias se configuran en complejas, contradictorias y discontinuas asociaciones entre estructuras fragmentarias y mutantes de relaciones de sentidos y de significados partes de un mismo y único mundo nuevo en plena constitución.[1] La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”. Todo aquello que estuviera fuera de esta visión y de esta forma de organización social era considerado pre-moderno o atrasado. 

Esta noción de modernidad, insertada orgánicamente a la estructura de poder colonial tuvo una enorme capacidad destructora y desarticuladota de las sociedades originarias latinoamericanas. En nombre de la modernidad se destruyeron estructuras enteras de conocimiento y sabiduría milenaria, así como avanzados modos de producción agrícola y formas de organización social comunitarias. Se puso en práctica una acción sistemática de destrucción de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones americanas, de su imaginario histórico y de su propia percepción de pasado y futuro. Esta enorme capacidad destructiva significó también el propio exterminio de las poblaciones originarias, que a la llegada de los colonizadores europeos se estimaba en más de cien millones de habitantes y que en pocas décadas se vio reducida a casi la mitad.

Si América Latina fue el lugar desde donde se generó la acumulación de capital y las bases materiales para la construcción de la Europa Occidental como centro hegemónico mundial a partir del siglo XVI, es ahora la región donde se están desarrollando los nuevos elementos para la construcción de una civilización planetaria, más equilibrada e inclusiva, capaz de romper radicalmente con la herencia colonial y la visión eurocéntrica. Están surgiendo, en el continente latinoamericano, experiencias ricas y diversas de transformación social que están cambiando el escenario político, económico y cultural en la región. 

Este proceso de transformación nos plantea grandes desafíos. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia fuera de la visión colonial y crear matrices teóricas y metodológicas de producción de conocimiento capaces de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. Pero sobre todo, se hace necesario apelar a nuestro legado civilizatorio, al conocimiento milenario y ancestral, a los saberes y formas de ver y sentir el mundo para re-construir nuestra memoria colectiva, deformada o destruida por la colonialidad, y construir nuestras identidades y nuestros proyectos de futuro y de sociedad.

El movimiento indígena latinoamericano

El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. En las líneas que siguen, analizaremos este proceso.

El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica

El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. En el caso América del Sur, el movimiento indígena se construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo en un espacio geográfico específico: Los Andes. Los Estados nacionales conformados a partir del siglo XIX con las guerras independentistas no sustituyeron las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas, que se reconocen quechuas, aymaras o mapuches, antes que bolivianos, peruanos o ecuatorianos. 

La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones pre-Incas e Inca, como unidad histórica, ha profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, funda la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI - con la participación de los pueblos Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, Koris, Lafquenches, Urus, entre otros tantos pueblos indígenas originarios de la región Andina[2]. En el acta fundacional, firmada por más de once organizaciones representativas, se establece una amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente que incluye entre sus principales banderas la construcción de los Estados Plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Se trata de un plan de acción que incluye principios fundamentales de convivencia humana y de profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.

Se han creado, en los últimos años, múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial de Belén, en enero de 2009[3], las organizaciones y redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a la más amplia unida para articular alternativas a la “crisis de civilización occidental capitalista”. Entre los principales ejes movilizadotes de este llamado están:

- La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
- Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
- Los Estados Plurinacionales;
- La autodeterminación de los pueblos;
- La unidad, equidad y complementariedad de género;
- El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
- Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;
- Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
- La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
- Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social, que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.

El Estado plurinacional como proyecto político

La plurinacionalidad, planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90, ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales, o a través de asambleas constituyentes, esta nueva forma política e institucional de Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es profundamente incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región. 

La constitución boliviana, recientemente aprobada por plebiscito nacional, establece en su primer artículo:

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” [4]

Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.

La tierra que nos acoge

La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblo indígenas: ella es la “madre que nos acoge” o “Pachamama”[5], el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, el hombre debe “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, pues fue justamente la mano de obra indígena la que sustentó la minería en las colonias, que permitió la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismo de exterminio de la poblaciones indígenas en nuestro continente. 

Después de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra, exigiendo el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el medio ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada por el hombre con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición de vanguardia planetaria, que levanta banderas universales para la sobre vivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.

De esta manera, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad y de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto colectivo de futuro, sintetizado en el principio indígena del “buen vivir”.

Descolonialidad del poder: “mandar obedeciendo”

La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas pre-coloniales, que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo de estas nuevas formas de autoridad y ejercicio del poder han sido dadas por el Movimiento Zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad. 

Estamos pues frente a enormes desafíos. Tal vez una de las principales tareas emancipadoras consiste en liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura de producción de conocimiento. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia y recuperar nuestra memoria colectiva y legado civilizatorio para construir nuestros propios modelos de desarrollo y proyector de futuro. El movimiento indígena nos ofrece enormes potencialidades y, por la profundidad de su propuesta y de su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.

*Mónica Bruckmann es socióloga peruana, doctoranda en ciencia política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable – REGGEN.


Referencias Bibliográficas
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BRUCKAMANN, Mónica; DOS SANTOS, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO. http://www.clacso.org.ar/biblioteca

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006. www.alainet.org

CAOI. Declaración de los hijos de la tierra. En: ALAI – América Latina en Movimiento, 13 de mayo de 2008.

DAVALOS, Pablo (compilador). Pueblos indígenas, Estado y democracia. CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 356 p.

GARCIA LINERA, Alvaro. El evismo: Lo nacional popular en acción. En: Revista del Observatorio Social de América Latina, Año VII, N° 19, enero-abril de 2006.

GARCIA LINERA, Alvaro. Indianismo y marxismo. En: publicação: Encarte 

CLACSO. Cadernos da América Latina No. 2. São Paulo : CLACSO, Conselho Latino-americano de Ciências Sociais. Janeiro 2008.

GONZALEZ CASANOVA, Pablo; ROITMAN RESENMANN, Marcos. (Org.). Democracia y Estado multiétnico en América Latina. La Jornada Ediciones y Centro de Estudios Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM. México. 1996. 390 p.

LANDER, Edgardo (Compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. 

CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 248 p.

QUIJANO, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. En: Revista de Estudos Avançados 19 (55), 2005, p. 9-31.

SOUSA SANTOS, Boaventura. Estados Plurinacionales y constituyente. En: Boletín del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE, N° 24, Año 5, Diciembre de 2008.

Notas

[1] QUIJANO: 2005.
[2] Ver: COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006.
[3] Ver “Declaración de los Pueblos Indígenas: Llamamiento desde los Pueblos Indígenas frente a la Crisis de Civilización Occidental Capitalista”, Foro Social Mundial 2009, Belem, Amazonía, Brasil.
[4] Constitución Política de la República de Bolivia, vigente.
[5] En quechua significa “madre tierra”.

Del PROCEDE al FANAR, los afanes privatizadores del gobierno neoliberal, la destrucción de la vida comunitaria y la cobardía de unos cuantos.

“Si un traidor puede más que unos cuantos,

que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

“Solo le pido a dios” León Gieco,

(Cantante argentino)

El título kilométrico de esta colaboración tiene que ver con una de las horrorosas realidades que afectan la vida de las comunidades, desde la reforma constitucional de 1992, impulsada por Carlos salinas de Gortari y la tecnocracia que asaltó el poder, dio por muerta a la revolución, anunció con bombo y platillo la entrada al primer mundo y decretó el fin de la vida comunitaria y colectiva apropiándose de uno de los valores más significativos de la especie humana, la “SOLIDARIDAD”.

Mediante el llamado programa estrella del sexenio, los tecnócratas iniciaron la aplicación de un proyecto de corte etnocida, disfrazado de asistencia social, el cual buscaba sustituir uno de los preceptos más caros de la Revolución mexicana, declarada fenecida por régimen neoliberal, la “JUSTICIA SOCIAL”, en esencia se trataba de transformar las ancestrales estructuras de participación comunitaria por mecanismos del mercado, en los que el dinero se convertía en el elemento central de la vida en las comunidades, desplazando paulatinamente la vocación de servicio comunitario, los resultados no tardarían en ser vistos, corrupción y ambición tras el poder en las comunidades, algo ampliamente documentado a lo largo y ancho del país.

Detrás de todo ello se encontraba el afán del Estado por romper de una vez por todas los vínculos comunitarios con la tierra, que dos grandes reformas previas, la REFORMA JUARISTA y la LEY DE COLONIZACIÓN Y BALDÍOS de cuño porfirista, no habían podido lograr, estos vínculos se habían reafirmado mediante la oposición al juarismo y al porfiriato, cristalizó en las demandas enarboladas por la revolución popular de 1910, los anarquistas, zapatistas y villistas defendieron con el apoyo de las masas el derecho a la “TIERRA Y LIBERTAD”, tal fue el origen del ejido y el reconocimiento de las comunidades por el nuevo Estado, la oligarquía en el poder y los herederos postrevolucionarios no pudieron eliminar, por lo menos en la ley a los marginados de siempre, sus afanes por exterminar a los pobres no desaparecían ni mucho menos, se afianzarían durante muchas décadas, hasta llegar a 1992.

La materialización del proyecto asistencialista tuvo como base la privatización del sector público vinculado a las riquezas nacionales, así al grito de “VIVA EL LIBRE MERCADO”, los tecnócratas iniciaron el desmantelamiento de las empresas públicas, Telmex, Ferrocarriles Nacionales, CONASUPO, entre otras, marcaron el fin del ESTADO DE BIENESTAR e inauguraron el del “SALVESE QUIEN PUEDA”, para los socios del poder una nueva etapa de concentración de la riqueza, para los pobres más pobreza, una muerte asistida mediante los programas derivados de SOLIDARIDAD, PROCAMPO, PROGRESA y demás, se trataba en realidad de romper el vínculo entre la comunidad y la tierra, todo ello mediante una política asistencialista destinada a eliminar la cultura del trabajo y servicio que las comunidades habían desarrollado durante miles de años.

La estrategia del Estado se redujo a un par de acciones, mantener los bajos precios de garantía a los productos del campo y alentar la importación semillas al mismo tiempo que entregaba “ayudas” a los campesinos, consistentes en créditos a fondos perdidos, es decir no era necesario reintegrarlos, al mismo tiempo se conservó el sistema de tiendas DICONSA, o sea la CONASUPO, esta distribuiría los productos de primera necesidad, sobre todo las semillas a precios más bajos, lo cual reforzaría la idea de que no era necesario seguir siendo productivos en el campo, hoy en día, veinte años después es prácticamente imposible encontrar, al interior de las comunidades, jóvenes u hombres maduros que continúen dedicándose a producir en el campo, la inmensa mayoría de quienes aún lo hacen son los “MAYORES”, hombres y mujeres de más de sesenta años.

Las nuevas generaciones ya no vieron las condiciones de miseria en las que sus padres tuvieron que sobrevivir, al menos contaban con dinero para comprar los productos necesarios, esos que ya no producían y al final siempre había un remanente que les permitía adquirir algunos otros productos, especialmente aquellos que se consumían en las ciudades, incluidas las bebidas alcohólicas, eso alentó los cambios culturales de manera acelerada la colonización en una nueva versión, paralelamente el sistema político occidental hizo su aparición en los núcleos comunitarios, los partidos políticos cooptaron a las nuevas generaciones de líderes comunitarios y los educaron en las maneras y prácticas de corrupción y malos manejos símbolo del poder político del Estado mexicano, “el que no tranza no avanza”, de ahí surgirían las nuevas élites gobernantes, presidentes municipales, diputados, líderes magisteriales, representantes comunitarios y otros tantos cuya única divisa fue enriquecerse de la manera más rápida y ostentosa posible.

En este marco se empezó a banalizar el significado de la comunidad y sus valores, las comunicaciones hicieron otro tanto, las carreteras, símbolo del progreso rompieron viejo y fructíferos lazos intercomunitarios, añadiendo un ingrediente extra a la situación, la disputa por los recursos naturales, lo cual generó un sentimiento de competencia entre los que antes eran pares, hermanos de cultura y de prácticas. A pesar de ello subyacía el espíritu de la comunidad y en no pocas de las prácticas de la misma afloraba de tal manera que no ha sido posible desterrarla del todo, adicionalmente las políticas educativas han incrementado la ofensiva contra la identidad comunitaria, se puede encontrar además una gama muy amplia de políticas que han intentado por todas las vías exterminar a la comunidad, políticas demográficas de control natal, migraciones y demás-

Con el inicio del foxiato y el supuesto proceso democratizador de las estructuras del poder en México, no hubo más que continuidad del modelo neoliberal con un notable incremento de los afanes depredadores, tanto del medio como de los recursos que, se descubría abundaban en los territorios ancestrales de las comunidades, el ya señalado fin de las políticas sociales de bienestar y el desmantelamiento de las empresas nacionales se vio acrecentado por la desaparición de las instituciones creadas ex profeso para garantizar la mencionada justicia social, en el caso de las comunidades se puso fin al INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, el cual, con todo y su carácter paternalista se había convertido en un espacio en el que aún con sus deficiencias era posible hacer patentes las reivindicaciones de las comunidades, sobre todo las originarias.

El colofón fue la puesta en marcha del llamado PLAN PUEBLA PANAMÁ, engendro diseñado para eficientar los procesos de exterminio comunitario con la máscara del desarrollo igualitario para todos los mexicanos, todo se resolvería mediante la implementación del libre mercado, siguiendo la misma línea se implementaron una serie de reformas fundadas en las modificaciones al artículo 27 constitucional, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”, PROCEDE, se llamó el primer intento, previamente, Salinas declaró muerta la Reforma agraria, finiquitó el reparto agrario y aceleró los procesos que llevarían a que los núcleos ejidales y comunitarios a “decidir por si mismos la privatización de sus tierras”, tal era el papel del PROCEDE, el marco previo había favorecido una serie de prácticas plenas de corrupción, venta de recursos naturales, bosques, agua, recursos minerales, etc., manejados discrecionalmente por los representantes comunitarios, comisariados comunales o ejidales, agentes municipales y de policía, presidentes municipales, delegados de gobierno y aún gobernadores y funcionarios federales e incluso presidentes de la república, remember el Tamarindillo”, afortunadamente no todo es negro en el panorama de las comunidades y en diversos espacios se ha generado una resistencia a la destrucción, 1994 sirvió para alentar el espíritu de lucha y resistencia, la lucha continúa.

El fracaso del PROCEDE, en estos 14 años, contados a partir de la reforma de 1992, 2,421 (dos mil cuatrocientos) núcleos agrarios del país lograron resistir las mentiras, corrupción, presiones y chantajes con los que se impuso el programa ha dado pie a un nuevo experimento, el “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar“ (FANAR) que desde el año 2007 pretende completar las encomiendas de su antecesor con las mismas tácticas, amenazando o corrompiendo a los comisariados, ofreciendo dádivas cuando es necesario, en la región cuicateca de Oaxaca, por ejemplo un delgado agrario, el Lic. Juan Eddy García Coronado, llegó a ofrecer al menos en dos comunidades camionetas a los respectivos comisariados a cambio de su apoyo al programa, más tarde fue posible indagar que el mencionado delegado tiene nexos con representantes de compañías dedicadas a la minería, esto es solo una pequeña muestra de lo que sin lugar a dudas sucede en otras partes del país.

No es casual, entonces, el denodado afán de los organismos estatales como la Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indios, CDI, la Procuraduría Agraria, PA SEMARNAT, Dirección General de Minas, DGM, entre otros por tratar de convencer a veces en buenos términos, otras mediante amenazas directas o veladas, a quienes “representan a las comunidades a fin de lograr su cometido, los megaproyectos del otrora Plan puebla-Panamá, ahora Iniciativa mesoamericana, no pueden esperar, aunado a ello muchos gobiernos y representaciones comunitarias han renunciado a la defensa de los intereses comunitarios, mintiendo incluso a sus representados sobre las implicaciones de la “regularización” de los núcleos agrarios, en caso de prosperar el FANAR, como el pago de impuestos, la ofensiva de intereses ajenos a las comunidades, y en el caso de algunas comunidades cuicatecas sobre la gratuidad de los “servicios” del mencionado programa, obviando que se trata de un fondo, es decir que existe un recurso económico, financiado por el Estado mexicano, para la implementación del programa, será que también alcanza para sobornar a los representantes que lo apoyan, el tiempo lo dirá.

Por lo pronto, nadie en su sano juicio puede pensar en las bondades de un programa que casualmente se implementa con más ímpetu en zonas del país en donde se ha planeado previamente implementar los llamados megaproyectos, aeropuertos, carreteras, presas, hidroeléctricas, generadores eólicos, proyectos mineros, explotaciones forestales, en fin todo aquello que genera ganancias tasadas en miles de millones de dólares para unos cuantos y miseria y destrucción para muchos.

Adicionalmente el gobierno actual ha anunciado el fin de las políticas asistencialistas como PROGRESA y OPORTUNIDADES para el año 2012, es decir a menos de cuatro años, en un escenario en el que la mayoría de los habitantes de las comunidades han sido desacostumbrados al trabajo digno solo quedará privatizar para convertirse en los esclavos del dinero en el siglo XXI, sin un despertar de la conciencia comunitaria ni el compromiso para la defensa de la dignidad y el territorio de las comunidades originarias, solo nos quedará lamentarnos por lo perdido, a pocos meses del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, difícilmente podremos celebrar el digno gesto de quienes buscaron su libertad, ofrendando incluso sus vidas por la libertad para todos y el derecho a existir con nuestros territorios y cultura propios.

Valga entonces recuperar la dignidad de los ejidos y comunidades y de todos y todas quienes conformamos este país, solo la dignidad de todos nos puede salvar, solo el pueblo salva al pueblo y sus enemigos deben ser desterrados, no cabe en una comunidad quien no acepta ni refrenda la tradición de la comunidad, hemos subsistido por miles de años y no pereceremos por la cobardía de quienes en vez de encarar la realidad pretenden ignorarla combatiendo con mentiras la resistencia y la lucha por los derechos comunitarios.

EL DEBIDO PROCESO

EL DEBIDO PROCESO

Alberto Híjar
18 de agosto, 2009

Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares.

Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Estaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales.

Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español.

Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.

LA CUARTA GUERRA DE CONQUISTA EN LAS COMUNIDADES CUICATECAS.

EL FANAR Y LAS TIERRAS COMUNALES.

Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Julio 31, 2009


1.- El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) es un programa gubernamental federal para privatizar las tierras comunales y ejidales que tiene como finalidad entregar una escritura al poseedor de la tierra para que finalmente dada su necesidad u el ofrecimiento de alguna persona particular este pueda vender su propiedad a quien así lo requiera sin importar el origen o característica particular del comprador porque quien vende ha perdido automáticamente la característica que anterior al proceso de privatización poseía: el uso y la costumbre, la dignidad y el origen, que también son leyes, conocido en varias comunidades indígenas como El Derecho Mayor.


De esta manera, la finalidad última del programa es la desincorporación del sujeto de su cultura y que entre en el proceso de “modernización” al dotarlo de la seguridad de ser “dueño” de su parcela como si viviendo en un espacio comunal u ejidal no lo fuera. Sólo que la diferencia radica en que en las tierras comunales y ejidales el sujeto no existe, porque en ellas quien decide es la asamblea, aunque si existe la venta de la tierra pero se da entre propios del lugar, generalmente. En caso contrario, para que un particular de un lugar distinto pueda adquirir una posesión en el lugar comunal o ejidal tiene que apegarse al derecho mayor, o sea que tiene que cumplir con las costumbres de la comunidad, prestar los servicios comunitarios gratuitos y cumplir con las actividades que programa el comisariado comunal u ejidal según sea el caso, entre otras actividades y servicios. Cumpliendo estos el sujeto se vuelve plural, se convierte en parte del pueblo y tiene los derechos que tiene cualquier comunero y/o ejidatario, además de que si existe alguna posesión que se encuentra en venta y quiere adquirirlo, lo puede hacer.


¿Entonces porqué entrarle al FANAR? Si no hay necesidad de privatizar la tierra no tiene sentido alguno entrarle al programa. Más bien, el gobierno es el que parece necesitado de ello. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en que las comunidades que no lo hicieron con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en su momento continúen el proceso de cambio a la propiedad privada, cuando en el documento que da origen a mencionado programa dice que la decisión de entrarle o no debe de ser voluntario. Entonces ¿por qué tanta insistencia?


Existen varias razones para ello, a) somos un país dependiente del exterior, en todos los sentidos, de infraestructura, de alimentos, de gas y otros que son pilares elementales en cualquier economía. b) Padecemos de gobiernos corruptos que viven de entregar nuestras riquezas al exterior. c) Existe un grupo de poder amafiado con grandes trasnacionales que dominan los poderes facticos en las naciones quienes a cambio de mantenerse en su posición o para escalar a otro nivel negocian las riquezas de las naciones para que por anticipado se les apoye con dinero en épocas electorales. O Sea, que quien decide quien gobierna un país es ese grupo de poder trasnacional, posteriormente viene el cobro de la factura. d) El país se mantiene económicamente de la venta de petróleo el cual se está volviendo más caro extraerlo. e) Vivimos en una región muy basta de riquezas naturales, agua dulce, maderas y minerales. Por todo lo anterior, pero sobre todo por el punto “e” es que quieren que se privaticen las tierras porque como las comunidades indígenas viven de la agricultura para autoconsumo y además de que estos productos finalmente se importan de los Estados Unidos, los indígenas salimos sobrando, y nuestras tierras son ociosas aparentemente, lo cual es ganancia para ellos porque lo ven con signo de pesos, por ello hay que cambiar el dominio de la tierra para que se pueda vender, que se vayan los legítimos dueños a otro lado, mientras que los poderosos y las trasnacionales se apropien de los recursos rentables, los que si se venden y que tienen un valor alto de ganancia. Esta parte es la que no ven ni analizan aquellos que están de acuerdo al interior de las localidades y se prestan para que el gobierno avance en su interés por privatizar la tierra de las comunidades y ejidos.


De esta manera regresa al campo cuicateco la nueva invasión por el control territorial. Primero fue el poderío azteca que alcanzó dominar la región, posteriormente vino la conquista española, más reciente, en los años cuarenta del siglo XX, fue la imposición de la educación, ahora vienen por los recursos naturales y minerales que como lo indican los estudios al respecto, nuestras tierras tienen concentraciones altas de minerales como oro, zinc, manganeso y uranio, entre otros, además de que poseemos importantes nacimientos de agua dulce, flora y fauna que son codiciados en otros lugares del planeta y que el gobierno mexicano nunca le ha importado su destrucción, ejemplos abundan a lo largo y ancho del país.


2.- En la actualidad, todas las comunidades con características sociales de explotación de la tierra han sido visitadas por la Procuraduría Agraria (PA) para insistir más no para invitar a que los núcleos agrarios le entren a la privatización de la tierra, de lo cual no han estado exentas las localidades cuicatecas. De esta manera en los años 2006 y 2007, fueron visitadas las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo y San Juan Tepeuxila, anteriormente ratificaron sus condición de ejido las comunidades de San Francisco Tutepetongo y El Casique.


De manera amañada la PA inició sus trabajos por la comunidad de Tlacolula y Teponaxtla, ahora nos damos cuenta de que la finalidad era lograr que dichas comunidades privatizaran sus tierras ya que paralelamente el gobierno federal ponía a la venta 3500 hectáreas de tierras posesión de las comunidades mencionadas a las empresas mineras para explotar oro en la modalidad de minería a cielo abierto e incluso el visitador agrario Lic. Juan Edy García Coronado ofreció camionetas del año a cada uno de los miembros del comisariado en la comunidad Tlacolula, aún así la comunidad no le entró a la privatización de la tierra.


San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec y Santa María Pápalo, privatizaron parte de sus tierras, con la finalidad de que se reconocieran partes que se encontraban ocultas o porque tenían diferencias en sus limites entre comunidades colindantes y según la PA esto permitiría darle solución a las problemáticas intercomunitarias, pero lo que desconocen las comunidades mencionadas es que están habitando una franja de tierra que va desde Tehuacán, Puebla, hasta el norte de Chiapas y que va de ancho desde Teotitlán del Camino hasta los limites de Teponaxtla al oriente que contienen importantes concentraciones de Oro, Aluminio, Zinc, Manganeso y Uranio en sus tierras, además de importantes cantidades de agua para hacer la lixiviación de los minerales en caso de ser explotados.


Queda la comunidad de Tepeuxila, que es cabecera municipal de las localidades Teponaxtla, San Andrés, Cuyaltepec y Tlacolula, que por lo visto cuando se hicieron los procesos de privatización en estas comunidades no tuvo una opinión al respecto.


Por otro lado, en su interior, políticamente no hay claridad. Tepeuxila es una de las comunidades más occidentalizadas de la región y quienes en la actualidad representan el poder desde la presidencia municipal están sometidos por el gobierno estatal.


Siempre Las tierras de Tepeuxila han sido comunales. Fue por los años sesenta cuando ya hubo un intento de privatización de ellas y a través de la recaudación de rentas en Cuicatlán se hicieron escrituras de la parte poblada o solares de la comunidad y uno que otro en el campo. Finalmente, en el año 2003, después de varios decenios de pleito por límites con el ejido de San Francisco Tutepetongo, el Tribunal Agrario (TA) manifiesta que los bienes de la comunidad Tepeuxila siguen siendo comunales en su totalidad.


La forma de vivir de los tepeuxileños en relación con la tierra ha sido de la siguiente manera, los solares, están delimitados por mojoneras en los puntos donde cada fracción de tierra linda con otra porción correspondiente a otra persona, de la misma manera se delimitan las tierras en la zona agrícola donde se maneja que la tierra es propiedad y que ha sido asignado a su actual posesionario por herencia o por compra. Estas tierras están escrituradas o en su caso tienen documento de compra venta.


Por otro lado, están las tierras de uso común, y casos ejemplares son los lugares donde se ha trabajado con anterioridad, la hierbabuena, el rancho, ojo de agua, tierra caliente y la montaña, en estos montes, las fracciones de tierra no estaban delimitadas por mojoneras, cada comunero conocía y respetaba hasta donde podía trabajar, algunos terrenos eran encorralados y otros estaban dentro de un corral común donde laboraban más de dos comuneros, pero cada uno en los casos donde el lote era pequeño inclusive sabían cuantos surcos tenía la parcela.


La montaña, fue un corral común, de hecho en la temporada de sequía toda la gente se organizaba dirigida desde la sindicatura del municipio, para que una vez terminada la recolección de la mazorca y levantado el zacate para alimento de los animales de quienes hicieron cultivo en señalado lugar, se abriera el corral común para la alimentación del ganado de los comuneros de Tepeuxila, al parecer esto se le ha olvidado a los nuevos comuneros y al ayuntamiento, más sin embargo a los animales no, hasta la fecha es notoria la llegada de animales que se encuentran en otros puntos del territorio tepeuxileño cuando ya la pastura se agota en esas zonas y hay andan rondando la montaña.


Problemas generados por esta forma de vida: ninguna


¿Entonces por qué y para qué la privatización de la tierra? Si no es para entregarla al gobierno para que este a su vez la concesione a empresas privadas no tiene ningún sustento.


Por el contrario la privatización de la tierra termina con una serie de formas de organización que tienen y que han mantenido a las comunidades indígenas. Por ejemplo, se terminaría el tequio y los trabajos comunitarios gratuitos: el servicio de policía, comités y ayuntamiento. Todos estos servicios tendrían que ser pagados.


Las propiedades serían vendidas a cualquier persona de la comunidad o sin que pertenezca a ella. Nadie de la comunidad podría tener una responsabilidad a nombre del pueblo ya que todos serían sujetos particulares.


La cohesión social que permite el uso del suelo es el que se desintegraría. Cada persona, cada familia se aislarían porque ya no existirá más ese valor comunitario que hace que la vida de los pueblos funcione como una familia.


En las tierras comunales y ejidos son los comisariados quienes cuidan del uso y disfrute de los recursos naturales para su explotación común como es el caso del pastoreo de ganado, del uso de leña para combustible y de la distribución de la tierra para quien así lo requiera.


En las tierras privadas, reyna el dinero. Si tienes dinero compras lo que quieras o requieras y si no tienes dinero te mueres de hambre, nadie se solidariza con tu persona.