Vivimos tiempos compulsos, como en otros tiempos, como en otras circunstancias, los pueblos originarios vemos una nueva ofensiva en contra nuestra, otra más como desde hace más de quinientos años, nada novedoso aunque sumamente preocupante, pende sobre nosotros la amenaza de aprobación de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, 30 años atrás el Estado había comprometido con su firma, luego de meses de discusión una primera y ampliamente debatida temática relacionada con los derechos culturales y, sobre todo, reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho, todo ello teniendo al EZLN y el CNI como representantes de la mayoría de los pueblos originarios.
«el gobierno se compromete a la construcción de una nueva relación Estado-pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento constitucional de los derechos de éstos, a través de la reforma del artículo 4 de la Carta Magna para establecer el derecho a la libre determinación bajo la forma de régimen de autonomía como columna vertebral de los derechos indígenas: derechos políticos, jurisdiccionales, sociales, económicos y culturales. Se establece, asimismo, la necesidad de modificar el artículo 115 constitucional para reconocer a la comunidad indígena como entidad de derecho público, y con facultades para asociarse con otras comunidades y municipios.»
Tomado de: https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?num_pre=49
El desconocimento de los acuerdos y el intento de eliminar a los interlocutores por parte del Estado evidenció el desinterés de la oligarquía mexicana en la problemática histórica de las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. La persecusión político-jiurídica iniciada por el Estado en contra de los interlocutores terminó por romper el diálogo verdadero y con ello inición una larga serie de desencuentros marcados por los intentos de Estado por quebrar toda forma de organización fuera de los marcos de cooptación del Estado y su partido, el PRI en aquellos años.
La ficticia transición que llevó al gobierno en las manos de las facción conservadora de la oligarquía enrolada en las filas del PAN marcó un nuevo intento por tergiversar los Acuerdos de San Andrés mediante la manipulación de los acuerdos y la apropiación de la COCOPA del poder legislativo permitió la cooptación de un sector del movimiento indígena que rápidamente negoció su incorporación a posiciones de gobierno en lo que fue el INI, apartidr de ese momento CDI, con esa artimañas se dio la tergiversación de los convenos firmados y se impulsó la Reforma de 2001, en la que solo se enunciaron los derechos y, por supuesto se esquilmó el reconocimiento de nuestros pueblos como «sujetos de derecho» punto medular de los Acuerdos originales.
El desmantelamiento de los derechos sociales y el acceso a la justicia social logrados en la Revolución mexicana, lentamente desmantelado desde las Reformas del salinismo de 1992, sobre todo el Art. 27, fueron dándose en cascada, un análisis somero de ello deja en claro que la situación actual se ha ido construyendo a lo largo de estos 34 últimos años, la sociedad en su conjunto ha perdido paulatinamente cualquier oportunidad de beneficio social dentro del marco de dichas leyes, tierra, trabajo, educación, salud, justicia, entre otras son desde entonces banderas de lucha social, en el otro lado tenemos una constante escalada represiva, los mas de cien mil desaparecidos de los recientes ocho años no son más que el reflejo de dicha situación. Por un lado un pueblo que ha sido despojado de cualquier derechop social, por el otro un Estado que más que nunca respalda el saqueo institucional y empresarial, protegido por las fuerzas represivas del Estado y en turbias alianzas con las fuerzas irregulares de la delincuencia organizada.
Los últimos ocho meses sin duda han sido los más críticos, los reacomodos políticos del nuevo grupo han resultado en una serie de alianzas con la delincuencia organizada, la militarización lejos de reducir el impacto de la violencia ha acrecentado la misma, circuitos de cooperación entre las fuerzas regulares y el narcotráfico han sido denunciadas reiteradamente por especialistas y periodistas, el Estado solo atina a negarlo, resukta claro que el nercootráfico es un fenómeno internacional originado por las potencias dominantes, manejada directamente desde los estados unidos a través del dúo CIA-DEA y otras áreas del gobierno yanqui, el papel del ejército la contrainsurgencia, la intervención directa y todas las formas de control mundial tienen su eje principal en el narcotráfico, es el arma favorita del Estado estadounidense, lo emplea según sea el caso, como arma militar, como arma de chantaje para legitimar la intervención drecta o la «negociación» política, como fuerza irregular de ocupación y control y toda una amplia gama de usos. No es gratuito que cuando ha sido necesario encubra la participación directa del Estado y cuando ha sido neceario ocupe ese mismo argumento para presionar, esa es la actualidad de la relación México-EEUU.
Por otro lado la criminalización de los movimientos sociales, sean de reivindicación de los derechos sociales como los conculcados por las mencionadas Reformas Estructurales, sean los Derechos Humanos con las subsecuentes violaciones derivadas de la criminalización social y la militarización abierta durante el sexenio anterios y mantenida de facto en el actual, las modificaciones a la ley de Seguridad Nacional terminaron por socavar totalmente los derechos humanos como puede verse en la actualidad en la represi+on sisitemática, los aseinatos selectivos, los ajusticiamientos extrajudiciales, la reepresión a las madre buscadoras a quienes reiteradamente se señala como violentadoras y se justifican tanto las desapariciones como la búsqueda dada la negativa de Estado para cumplir con esa responsabilidad jurídica y política.
En suma se ha adoptado la NECROPOLÍTICA como forma de administración de Estado, el objetivo no declarado es mantener el saqueo mediante el modelo extractivista, la ofesnsiva principal se centra en los pueblos originarios, de ahí la trascendencia de lo que intentamos reflexionar. En estos momentos se desarrollan megaproyectos en los territorios ancestrales, desde el tren maya, pasando por la autopista Palenque – San Cristóbal, el tren interoceánico, el proyecto integral Morelos hasta la planta GPO en Ohuira-Toplobampo enmarcadas por las declaraciones del SEMARTNAT y la propia presidencia resulta indiscutible que el objetivo central del sistema es la aniquilación por cualquier víia de los pueblos originarios.
Ese es el contexto en el que se declara la Consulta nacional para la implementacióin de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, consulta que no reune los requisitos necesarios contenodos en las regulaciones internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, dada la inexistencia de una normativa mexicana para dicho mecanismo, la experiencia nos dice, entonces que estos mecanismos no son otra cosa que la construcción de un entramado que permitirá al ESTADO mantener las politicas enunciadas basadas en el saqueo de los territorios de nuestros pueblos y con ello del exterminio paulatino de nosotros mismos.
