domingo, 31 de enero de 2010

Estado de derecho, derecho comunitario y leyes federales.





Desde la malograda reforma constitucional, generada por la traición de la plutocracia partidista que desde hace ya un buen tiempo gobierna México, al espíritu original de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y la Comandancia General del EZLN, se han originado una serie de reformas constitucionales, todas bajo la supuesta protección, ya de los derechos de las “minorías”, del nonato, del entorno ecológico, etc., y al mismo tiempo se ha posicionado a las instituciones federales como las únicas tuteladoras de cualquier “grupo vulnerable” como eufemísticamente se llaman en los corrillos oficiales, colocando, más todavía, a los tutelados en la indefensión total, tal es el caso particular de las comunidades originarias.


Una de las dependencias federales que ha tomado el control de las acciones comunitarias es la PROFEPA, ente que junto a la SEMARNAT, se ha encargado de “proteger” a las especies y, cuando es necesario, avalar concesiones mineras, sobre bosques, eólicas, sobre aguas, etc., si así es necesario para legitimar la política pro-megaproyectos del gobierno federal y los gobiernos locales aliados al capital trasnacional. Como se ha denunciado por parte, primero del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA y, posteriormente por medio del CONGRESO AUNTÓNOMO CUICATECO, en la región cuicateca, particularmente en cuatro comunidades pertenecientes al Municipio de san Juan Tepeuxila, se otorgó por la SECRETARÍA DE MINAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA, por medio de todas las malas artes de las que el Estado es capaz, por supuesto sin ninguna formalidad jurídica, una concesión de cincuenta años sobre 3500 has., hasta aquí no habría mayor implicación de no se porque los organismos “protectores” mencionados, PROFEPA y SEMARNAT, han negado sistemáticamente conocer del hecho, al menos, argumentan en lo relacionado al medio ambiente, paradójicamente, esta región comparte el territorio de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, lo cual supondría que se encuentra protegida.

Hasta aquí esto podría ser irrelevante a no ser por los acontecimientos más recientes, hacia finales del año 2009 un grupo de policías federales, PFP, a bordo de una camioneta recorrían la carretera de terracería que une a la comunidad de San Juan Tepeuxila con Cuicatlán y coincidieron con un vecino de dicha comunidad el cual se dirigía a sus actividades cotidianas, en posesión de una escopeta, su machete y una navaja, esta situación ocasionó que fuera detenido y sin mediar ninguna observación ni validar ningún argumento de su parte fue despojado de sus herramientas y remitido hasta la ciudad de Oaxaca, sin enterar de ello a los representantes comunitarios, sobre todo porque los hechos sucedieron en su jurisdicción, en donde se le impuso una multa cercana a los cuarenta mil pesos, por supuesto sin devolverle lo que legítimamente le pertenece.

A ello es necesario precisar que dadas las características y las costumbres de los vecinos de las diferentes comunidades cuicatecas es, más que, común que porten algún tipo de arma de fuego, generalmente escopetas de pequeño calibre y excepcionalmente pistolas, por cierto todas con los permisos de ley ya que existe la tradición de notificar oficialmente a las autoridades correspondientes de su existencia. Este primer incidente abrió la puerta para otras acciones sucesivas de la misma PFP, ahora con el pretexto de la aplicación de las leyes federales de armas de fuego, convenientemente sin notificar de manera oficial a las autoridades correspondientes, ignorando que San Juan Tepeuxila es un municipio autónomo, de acuerdo a las leyes mexicanas, y que es en su territorio y a sus ciudadanos a quienes afectan directamente estas acciones, a partir de estos hechos se pueden documentar al menos otros cuatro acontecimientos similares, la detención de un vecino de la comunidad cuando regresaba de sus labores, su delito transitar con la yunta en el camino, fue despojado de doscientos pesos, lo único que traía en efectivo.

Otra más en las vacaciones de fin de año un grupo de jóvenes escolares se encontraba vacacionando y decidió visitar una pequeña represa conocida como Matamba, ahí fueron detenidos por una patrulla de la PFP, misma que con el pretexto de proteger su integridad los amedrentó y al percatarse de que eran, en su mayoría, menores de edad se les “permitió” continuar con sus actividades, no sin advertirles de los “peligros” que entrañaba andar en la zona, que hasta ahora no representa ningún peligro para nadie pues en la zona se goza de tranquilidad permanente, salvo cuando las patrullas de la PFP hacen su aparición.

La preocupación mayor de la comunidad de San Juan Tepeuxila se ha generado a partir de una serie de acontecimientos relacionados con la PROFEPA y SEMARNAT, como es del conocimiento público estas dependencias desarrollan programas de “protección” ambiental y de los recursos naturales, que casualmente abundan en la región de la que hablamos, para ello han establecido convenios con varias comunidades de la región para financiar programas de reforestación y protección de especies, Tepeuxila no ha sido la excepción, hasta aquí no habría mayor dificultad a no ser que con el pretexto de “vigilar” el desarrollo de los proyectos los representantes de PROFEPA y SEMARNAT han iniciado un hostigamiento sistemático en contra de la población, tomándose atribuciones que no les corresponden.

Es necesario aquí puntualizar que existe un derecho comunitario, expresado en el Estatuto Comunal correspondiente y que en concordancia con las leyes estatales como la LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA, La LEY AGRARIA y por supuesto las Constituciones estatal y Federal, además de las otras que se derivan de su naturaleza, faculta a la comunidad y a sus representantes a tomar todas las decisiones relacionadas con el territorio y la conservación de los recursos que se hallan en el mismo, lo cual no es más que parte del espíritu comunitario en tanto que la vida de la misma gira entorno a una relación de respeto y armonía con la naturaleza, los cuicatecos como los demás pueblos originarios somos parte de la naturaleza, pertenecemos a ella, no nos pertenece.

Como podrá derivarse de ello, es evidente que la relación hombre-naturaleza tiene para nosotros un papel fundamental en la vida y su preservación, como pueblo hemos convivido con nuestro medio durante miles de años, así existen mecanismos que garantizan plenamente que la relación de los miembros de la comunidad con el medio no son de depredación, pensamos que la naturaleza y todos los miembros que la componen somos complementarios y solo cuando se corre un riesgo claro actuamos, como es natural en defensa de nuestra integridad.

En nuestras comunidades existe una idea perfectamente clara de la relación con el entorno y cuando esta se altera por alguna razón se hacen las notificaciones correspondientes a la comunidad y ésta por las vías institucionales realiza las notificaciones correspondientes, en este sentido los últimos acontecimientos en San Juan Tepeuxila son especialmente ilustrativos, como señalaba anteriormente, la PROFEPA y SEMARNAT, con el pretexto de “apoyar” en las tareas que les competen ha pretendido intervenir directamente con los miembros de la comunidad, pretendiendo determinar las formas en que la comunidad debe realizar sus funciones vitales, prohibiendo a los comuneros utilizar los recursos que por ley les pertenecen, aquí hasta ahora el régimen de propiedad es comunal, con todo y los intentos de la Procuraduría Agraria, PA, por revertirlo, primero vía PROCEDE y ahora por la vía del FANAR, por tanto la adjudicación de los espacios se realiza por Asamblea y mediante la noción central de la preservación.

El argumento del dúo PROFEPA y SEMARNAT, en el territorio se hayan especies protegidas, fauna y flora por igual, por lo que según los inspectores y funcionarios de esta institución han pretendido determinar qué destino deben tener las tierras de la comunidad, algo que históricamente ha determinado la comunidad misma, con gran conocimiento de las dinámicas del territorio, mismo que han preservado sin la ayuda de dicha dependencia ni de otra.

Adicionalmente, siguiendo los usos y costumbres, cuando es necesario tomar decisiones relacionadas con las especies protegidas los comuneros, desde siempre, siguen el canal comunitario, dar aviso a la representación comunitaria, la cual procede de acuerdo a las formalidades del caso, así en fechas recientes se han dado al menos dos casos dignos de ser considerados.

Uno de ellos relacionado con el pastoreo de ganado, en la comunidad es una tradición utilizar los pastizales de las tierras comunitarias para engordar y mantener el escaso ganado que se cría en ella, las instancia comunitarias manejan los tiempos y las condiciones en las que los comuneros pueden, o no, hacer uso de dichos recursos, sin embargo la PROFEPA y SEMARNAT, han amenazado a los comuneros con proceder sin siquiera analizar las circunstancias con el pretexto de que el ganado daña los pino jóvenes, mismos que se plantaron por la comunidad, mediante trabajo comunitario, llamado Tequio, solo que como parte de los programas impulsados por PROFEPA y SEMARNAT, lo cual en opinión de los empleados que se han presentado en la comunidad les faculta para “intervenir” y castigar si es necesario.

El otro, más preocupante porque ha unido las acciones de la PFP, mencionadas anteriormente, a las de PROFEPA y SEMARNAT, se relacionan con las especies de la fauna protegidas por las leyes federales, particularmente el caso del puma americano, especie que se encuentra en las tierras cuicatecas, en la comunidad existe un espacio conocido como “tierra caliente”, parte de la reserva de la biósfera Cuicatlán-Tehuacán, mismo que se compone de tierras de alta productividad, las cuales en otras épocas contribuyeron a la subsistencia de la comunidad, con el paso del tiempo y el surgimiento de otras condiciones de vida fueron abandonadas paulatinamente por lo que el puma las ocupó, como es natural en un momento dado esta especie empezó a interactuar con los comuneros, no necesariamente para bien, en tanto que se trata de una especie salvaje.

En estas circunstancias, los pumas empezaron a depredar el ganado de los comuneros, al menos un par de burros, un caballo y algunos novillos, reses jóvenes, lo cual fue notificado a la representación comunitaria, misma que a su vez reportó a PROFEPA y SEMARNAT quienes se comprometieron a analizar el caso y a intervenir en caso necesario, evidentemente nunca lo hicieron, a lo sumo cuestionaron el hecho de que la comunidad interactuara con las especies, incluso alguno de los funcionarios “sugirió” que la comunidad se trasladara a otro sitio ya que dicha especie tenía “derechos” que no podían ser violados, ¿ignorancia o mala fe?.

Como era de preverse llegó el momento en que los felinos irrumpieron en la comunidad, poniendo en riesgo a los habitantes de la misma, así un comunero, realizando sus labores agrícolas cotidianas tuvo el infortunio de toparse con una puma, la cual atacó a sus perros, matándolos, intentando agredir a un hijo del comunero por lo que éste tuvo que intervenir dando muerte al animal, acto seguido, como corresponde a las normas comunitarias el comunero dio aviso a la representación comunitaria, el Comisariado de Bienes Comunales, para que como corresponde a las normas diera el aviso a la PROFEPA y SEMARNAT y éstas dependencias actuaran conforme a lo que les corresponde, lamentablemente una filtración de la información permitió al trío PFP, PROFEPA y SEMARNAT, intervenir en un aparatoso operativo en la comunidad de San Juan Tepeuxila con el pretexto de detener y proceder en contra del comunero y al no localizarlo se amenazó a la comunidad con regresar e iniciar un operativo conjunto para requisar las armas de los comuneros, que como mencionamos más que armas son herramientas para el trabajo.

Ante ello planteamos algunas preguntas, ¿justifica la existencia de leyes sean federales, sean locales, atentar contra los derechos humanos de las comunidades?, con el pretexto de proteger la vida salvaje, con todo lo valioso que en ello hay, ¿es más valiosa la vida de las especies que la de las comunidades?, o bien podemos concluir que esta aparatosa reacción de las “autoridades” vía las dependencias mencionadas constituye una especie de forma de represión y hostigamiento, en una zona en la que a voces se han pronunciado en contra de la posible implementación de un proyecto, ese sí indudablemente mortal, no solo para las especies protegidas, sino para toda forma de vida, nos referimos al proyecto minero “Raquelita I”, el tiempo revelará la dimensión real del asunto.

Mientras tanto apelamos a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a mantener la atención en ello, sobre todo porque la comunidad ha decidido refrendar el apoyo al comunero lo que eventualmente puede servir de pretexto para acciones punitivas por parte del Estado y sus instituciones.

lunes, 18 de enero de 2010

El homicidio en Chiapas trae una dura crítica a las mineras canadienses en México

ONG's canadienses hacen un llamado para tomar la responsabilidad por los descuidos; las comunidades mexicanas quieren las minas cerradas


Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

14 de diciembre 2009

El reciente homicidio del líder antiminero chiapaneco, Mariano Abarca Roblero, ha traído una dura crítica a las mineras canadienses en México. Abarca fue asesinado frente a su casa el 27 de noviembre. Tres hombres ligados a la compañia minera canadiense Blackfire Exploration Ltd. fueron arrestados por el homicidio. Blackfire es propietaria de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. Al momento de su homicidio, Abarca, residente local, era líder de la campaña por el cierre de la mina.


El funeral de Abarca
Fotos: D.R. 2009 Otros Mundos Chiapas
En respuesta al homicidio, se han movilizado comunidades y organizaciones mexicanas en demanda de la responsabilidad por el homicidio y por el cierre permamente de la mina de Chicomuselo y de otras minas canadienses. Cientos de personas asistieron al funeral de Abarca en Chicomuselo. La procesión se detuvo en las oficinas de Blackfire en Chicomuselo para demandar justicia.

Residentes de Chicomuselo y representantes de otras comunidades afectadas por la minería formaron una caravana para trasladarse a la Ciudad de México y demandar justicia. La caravana se detuvo para celebrar mítines y eventos en Comitán, Chiapas y en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La caravana de dos camiones, se reunió con representantes de otras comunidades afectadas por la minería frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, donde llevaron a cabo una protesta. Representantes de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y de la Ciudad de México se reunieron con los delegados de Chiapas para llevar a cabo la protesta en la capital del país.

Los manifestantes se detuvieron en la Secretaria de Economía para entregar una carta que demanda que la concesión de Blackfire en Chicomuselo sea cancelada inmediatamente. De acuerdo al comunicado emitido por la organización de Abarca, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los delegados le dijeron al representante del secretario “si [la Secretaría de] Economía no le quita la concesion minera a Blackfire, el pueblo se la quitara en los hechos, pues no soportaremos mas muertos, ni mas destrucción ambiental, ni division de la Comunidad.” Esa no es una amenaza sin fundamento: en julio la comunidad bloqueo el camino que lleva hacia la mina.

Luego de reunirse con un funcionario de la Secretaría de Economía, la caravana se dirigió a la Embajada de Canadá para protestar por el asesinato de Abarca. De acuerdo con el comunicado de REMA: “Asi mismo le planteabamos [al gobierno canadiense] la necesidad de que apoyaran leyes que le diera dientes al gobierno para pedirles cuentas a las empresas mineras que hoy apoyan economicamente y tienen una conducta general de violaciones a los derechos humanos y la democracia.”

Leyes con dientes

Cuando las comunidades afectadas por la minería demandan “leyes que le den dientes al gobierno” para responsabilizar a las compañias por sus acciones en países extranjeros, se refieren a leyes como: la Ley C-300, Ley que busca Responsabilzar a las Corporaciones por Acciones Resultantes en Minería, Petróleo, o Corporaciones de Gas en Países en Desarrollo, que en la actualidad se encuentra en el parlamento canadiense. De acuerdo con la ONG Mining Watch, la ley sentaría los estándares de responsabilidad de las corporaciones que determinaría la elegibilidad para el apoyo político y financiero que en la actualidad el gobierno canadiense proporciona a compañias canadienses de extracción. Estos estándares de responsabilidad incluirían criterios en salud, protección, seguridad, y derechos humanos. La ley crearía también un mecanismo de quejas en donde las comunidades afectadas pudieran emitir quejas al gobierno canadiense. Si se encuentra que una compañia no cumple con los estándares de conformidad de responsabilidad, perdería el apoyo del gobierno canadiense.

La ONG canadiense, Council of Canadians, admite que las sanciones propuestas en la Ley C-300 son “modestas.” Sin embargo, ellos creen que la acérrima oposición de la industria minera a la ley demuestra que la industria ve a la ley como una amenaza.

El gobierno de Harper se ha opuesto a la Ley C-300.

Otra ley propuesta, Ley C-354, permitiría que extranjeros puedan demandar a compañias canadienses ante juzgados canadienses por abusos a los derechos humanos, sin importar el lugar en donde los abusos ocurrieron. De acuerdo con uno de los proponentes de la ley, Peter Julian, esta ley es un replicante a la la Ley de Reclamo por Agravio de los Residentes de los Estados Unidos, por la cual los sobrevivientes de la tortura en otros países pueden demandar a sus torturadores en las cortes estadunidenses.

El presidente de Council of Canadians, Maude Barlow, liga el homicidio de Abarca con la inacción del gobierno canadiense con respecto a las compañias a las que presta apoyo y que cometen abusos. Barlow dijo: “Un hombre involucrado profundamente en las protestas contra la compañia minera canadiense Blackfire ha sido asesinado afuera de su casa. Éste desenlace trágico puede ser un indicio directo al rechazo del gobierno de Harper de terminar con la impunidad que en la actualidad gozan las compañias mineras canadienses.”

Gordon Peeling, presidente de la junta directiva del grupo cabildero de la industria minera canadiense, la Asociación Minera del Canadá, dijo a la prensa: “En términos de la dinámica de la discusión esto no le ayuda a aquellos que quieren ligar esos asuntos. Su pensamiento está estropeado si tratan de ligarlo [el asesinato] con la [Ley] C-300.”

El asesinato de Abarca: misión cumplida

Los tres hombres arrestados por el homicidio de Abarca son empleados en activo o ex empleados de Blackfire.

Jorge Carlos Sepúlveda Calvo está acusado de haber disparado contra Abarca. Era conductor de Blackfire.

Las autoridades chiapanecas no han revelado el rol que creen que tuvo en el asesinato otro de los hombres detenidos, Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Coutiño Velasco era contratista de Blackfire.

Caralimpio López Vázquez es operador y supervisor de turno en la mina. De acuerdo con testigos, el condujo la motocicleta en la que los homicidas huyeron.

Blackfire no puede argumentar que el homicidio fue un incidente aislado. REMA reporta que en agosto de 2008 tres hombres que portaban chalecos de empleados de Blackfire golpearon a Abarca y a su hijo en su casa. Los hombres mantuvieron a la esposa encañonada con una pistola. REMA dice que en respuesta al ataque, Abarca presentó una denuncia ante el gobierno. El gobierno no hizo nada.

En el verano de 2009, los pobladores de Chicomuselo entraron en negociaciones con Blackfire con respecto al camino que la compañia construyó ilegalmente en su tierra comunitaria. Los pobladores afirman que poseen el acuerdo firmado en enero de 2008 en el que la compañia determinaba donde construiría el camino a la mina. La compañia ignoró el acuerdo y construyó el camino en un sitio en donde el gobierno de Chiapas dice que no debería estar. Cuando las negociaciones entre los pobladores y Blackfire se rompieron, los pobladores comenzaron a cercar el camino con el fin de cerrarlo. De acuerdo con el líder antiminero Gustavo Castro Soto los pobladores presentaron una denuncia ante el gobierno: “Luis Antonio Flores (Gerente de Relaciones Públicas de Black Fire), Sr. René Salvador Cartajena, C. Caralampio López (y) otro más, y además trabajadores de la misma amenazando de omicidio (sic) y golpes con armas blancas y con armas de fuego que portaban, por lo tanto no se llevó a cabo el trabajo de tapar el paso, decidimos retirarnos para no comprometernos aun (sic) acto de provocación de confrontación violenta a muerte que ellos insistían con palabras provocativas trataron de echar las maquinas encima de los compañeros, por eso hoy pedimos al C. Gobernador Juan Sabines Guerrero, rotundamente a su administración y trabajadores prepotentes ante nuestra comunidad, que se erradique [a la minera Blackfire] su estancia en este ejido.”

Debe resaltarse que Caralimpio López, mencionado en la denuncia como parte del grupo amenazante, está acusado de conducir la motocicleta que los homicidas usaron para huir en el asesinato de Mariano Abarca. Caralimpio López era trabajador de Blackfire al momento del homicidio. En otras palabras, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra de López por ser parte del grupo que amenazó a los pobladores de Chicomuselo con agresiones físicas si trataban de cerrar el camino construído ilegalmente, y aparentemente Blackfire no hizo nada.

Tan solo días antes de su asesinato, Abarca presentó una denuncia en contra de dos empleados de Blackfire, Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, por amenazas de muerte si no dejaba de organizar a la comunidad de Chicomuselo en contra de la mina de barita de la compañia minera canadiense Blackfire. De acuerdo a una denuncia formal presentada ante un empleado de gobierno que trabaja en el edificio municipal de Chicomuselo, Roblero Pérez llegó al edificio municipal para decir que había ido a buscar a Abarca “para quebrarle la madre a plomazos”. Se informa que también dijo que Abarca y otras personas estaban en la lista de personas a los que los dueños de Blackfire querían lastimar. El gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro, es también mencionado en la denuncia como una de las personas responsables de dicha lista. El gobierno había citado a Roblero Pérez y Flores Villatoro para que declararan con respecto a la denuncia hecha por Abarca, sin embargo, estos no se presentaron. Abarca fue asesinado esa misma tarde.

El 7 de diciembre, las autoridades del estado de Chiapas finalmente actuaron. Cerraron temporalmente la mina de Blackfire en Chicomuselo. Aparentemente Blackfire cerró la mina y removió los aparatos que generaban luz poco tiempo después de la muerte de Abarca. El gobierno de Chiapas solamente hizo un acto oficial al pegar sellos de “Clausurado” en las puertas de la mina.

El gobierno dice que la clausura del mina no tiene nada que ver con el asesinato de Abarca. De acuerdo con el gobierno: “El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de causes y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante.”

La contaminación era la principal razón por la que Abarca y la REMA protestaban en contra de la mina de barita de Blackfire. Cuando Abarca estaba vivo, dijo que diría a todos los que estaban dispuestos a escuchar sobre la contaminación que la mina provocaba en Chicomuselo. De acuerdo con Castro Soto, incluso después de la brutal golpiza de agosto de 2008 por parte de los supuestos empleados de Blackfire, Abarca “siguió en la lucha denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, denunciando la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos.”

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, demanda que el gobierno haga de la clausura temporal de la mina de Blacfkire una clausura permanente. “Este Centro de Derechos Humanos celebra la clausura de la mina de barita, ubicada en el ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, operada por la empresa canadiense Black Fire Exploratión… Sin embargo, consideramos necesario que la cancelación no sea sólo de forma temporal sino definitiva, ya que las afectaciones denunciadas insistentemente por los habitantes ha costado la vida al señor Mariano Abarca Roblero, asesinado presuntamente por su activismo al oponerse a la explotación de la empresa canadiense. Es urgente que el gobierno tome medidas de no repetición para garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas transnacionales para evitar daños ocasionados al medio ambiente, como sucedió en la Región de Chicomuselo con la explotación minera de la empresa Blackfire.”

Es una lástima que Abarca tuvo que haber dado su vida para que las autoridades del esatdo de Chiapas actuaran por fin y cerraran la mina. Es incluso aún más trágico que el gobierno canadiense, que subsidia importantemente a su industria minera, no haya hecho nada con respecto a los continuos abusos ambientales y a los derechos humanos por parte de Blackfire. La Gobernadora General de Canadá Michaëlle Jean y Peter Kent, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá para las Américas, visitaron Chiapas solo dos días después de que el gobierno del estado clausurara la mina de Blackfire. Fueron recibidos por cerca de 50 manifestantes que demandaban que la mina fuera cerrada permanentemente y que la compañía pagara por los crímenes que ha cometido. REMA solicitó una reunión con los dignatarios, sin embargo, Jean y Kent rechazaron la invitación, argumentando limitación en los tiempos.



--
Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
Francisco I. Madero 49
Barrio de Guadalupe
29230 San Cristóbal de las Casas
Chiapas, México
Tel (967) 6316643
www.otrosmundoschiapas.org