domingo, 22 de noviembre de 2009

Proclama al pueblo de México para organizar la revocación de mandato a Felipe Calderón



De nueva cuenta nuestra nación se debate en una crisis que sólo es comparable a las que dieron paso a la Revolución de Independencia, las Guerras de Reforma y a la Revolución Mexicana. Hoy como ayer, la crisis es total y de larga duración, abarca la economía, la política y la cultura.

La crisis pone en cuestión el futuro de los pueblos y la Nación mexicana. En el esquema de la clase política y de los grandes capitalistas, nacionales y extranjeros, carecemos de esperanza: los mexicanos no tenemos ya lugar en el mundo de la globalización neoliberal salvo como parias y mano de obra desechable.

En tales circunstancias, para enfrentar la crisis profunda de nuestra patria y los problemas de los pueblos de México se precisa de una transformación patriótica y democrática de la política, la economía y la cultura que desplace a la oligarquía burguesa y a su clase política de la conducción del Estado y acabe con el dominio imperialista sobre México. Se necesita la construcción de una nueva mayoría que incluya a todas las fuerzas patrióticas e instaure un nuevo gobierno y un nuevo Estado, capaces de recuperar el control y la propiedad de la planta productiva de la nación, de sus recursos estratégicos y de garantizar el desarrollo sustentable, la justicia social, la soberanía nacional, las autonomías de los pueblos indios y el ejercicio de la democracia popular.

El primer paso en la dirección de darle una salida nacional, popular y democrática a la crisis actual tiene que ver con la restauración del orden constitucional; con la lucha en contra de la usurpación del gobierno de la república por parte del grupo de políticos, empresarios, magistrados y militares del que forma parte Felipe Calderón. En las circunstancias actuales la recuperación de la dignidad nacional y solución a la miseria, el desempleo y la inseguridad pasan por la lucha para revocar el mandato presidencial que los golpistas confirieron a Felipe Calderón.

El jefe de facto del Ejecutivo federal es la principal referencia de un régimen político corrompido y antinacional, el instrumento de los grandes empresarios y las trasnacionales para avanzar en la completa depredación y saqueo de nuestra capacidad de trabajo, de la propiedad pública y social y de nuestros recursos naturales. Calderón es la figura visible de la mafia que pretende consumar la instalación de un Estado obsecuente a Estados Unidos y de carácter delincuencial, de un régimen policíaco-militar al estilo colombiano. La lucha contra el usurpador y el grupo dominante, que incluye la defensa de nuestros derechos sociales y libertades políticas y civiles, prepara la ruta para remover del gobierno a los neoliberales que traicionaron al pueblo y a la patria.

Motivos legales y humanos para revocarle el mandato a Felipe Calderón sobran, la situación del país, o lo que queda de él, no puede ser más grave. En menos de tres años, el número de mexicanos pobres aumentó en 10 millones; hoy más de 70 millones de pobladores viven en la pobreza; 24 o 25 millones de ese total son pobres extremos que padecen la miseria más degradante e inhumana. Según las cuentas oficiales, el “presidente del empleo” tiene en su haber el despido de casi millón y medio de trabajadores.

Calderón, que supuestamente encabeza la guerra contra la inseguridad y la delincuencia, ha convertido a México en el país más inseguro y violento del mundo en tiempos de paz. Fruto de su guerra contra el narcotráfico o contra uno de sus bandos, se han producido más de 15 mil asesinatos y más de siete mil desaparecidos. Sin embargo, ni la violencia, ni los secuestros tienen para cuando disminuir y mucho menos cesar. Mientras tanto, entre 25 mil y 40 mil millones de dólares se blanquean en bancos y empresas de la respetable iniciativa privada, con el beneplácito de los gobiernos de Calderón y Obama. Mientras tanto, la impunidad reina, los responsables del crimen industrial de Pasta de Conchos siguen libres, al igual que Ulises Ruiz, Mario Marín, Javier Lozano y los verdaderos culpables del caso de la Guardería ABC; qué decir de las muertas de Juárez o de las violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, Acteal y tantos más.

Mientras tanto, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia siguen ganando más de 340 mil pesos al mes; mientras que Ignacio del Valle y sus compañeros –entre muchos otros luchadores sociales y personas inocentes– siguen secuestrados en las ilegales cárceles de máxima o baja seguridad.

El presidente de facto ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada, transformando al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas. En su papel de comandante supremo ha subordinado a las fuerzas armadas a las estrategias militares y policiacas del gobierno de Estados Unidos, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas a espaldas del pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y que, en su esencia, constituyen actos de traición a la Patria.

Con base en atribuciones que no le corresponden, ha llevado a la economía nacional al colapso, a la recesión, a la contracción del mercado interno, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda interna y externa, a la destrucción de la planta productiva, a una mayor dependencia técnica y científica, a la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores y afectando el nivel de vida de toda la población. Además, ha entregado ilegalmente el territorio a empresas mineras, petroleras, agrícolas y hoteleras, solapando los daños ambientales y las afectaciones criminales en contra de pueblos y comunidades enteras, que son ya irreparables en términos humanos, ambientales y económicos.

Violando el artículo 123 de la Constitución y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de dar un paso más en la destrucción de nuestra soberanía energética y la privatización de la energía eléctrica y los servicios derivados del uso de la fibra óptica, lanzando a la calle a más de 44 mil de trabajadores que de forma permanente se habían caracterizado por su oposición a los planes gubernamentales.

Ante este sombrío proyecto en desarrollo, las preguntas centrales son: ¿estamos dispuestos los ciudadanos que no votamos por Calderón, los que nos abstuvimos, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar otros tres largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario pagar un altísimo precio en vidas humanas, daños ambientales, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar a un gobierno que ya resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante, que pudiera dar lugar a la esperanza de una posible corrección del rumbo por parte del usurpador y de su gente?

En vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana y ante el agravamiento extraordinario de la crisis social y nacional, que nos ha colocado en la pendiente de salidas represivas y de la catástrofe económica y socioambiental más grave en toda la historia del país, es preciso dar un paso al frente y autoconvocarnos como en los tiempos de Hidalgo, Morelos, Juárez, Magón, Villa, Zapata y Cárdenas a la disputa por la nación, a la pelea por revocarle el mandato al presidente de facto Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Para discutir las formas y los cómos, estamos organizando una primera reunión para el 5 de diciembre en Dr. Lucio 29, col. Doctores, DF (Sindicato de Tranviarios) a la que todos los mexicanos dispuestos a emprender esta batalla están invitados en calidad de organizadores. En particular, hacemos un llamado al Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los trabajadores y las Libertades Democráticas, a la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, a la Otra Campaña, a la Conferencia Nacional Unitaria de las Izquierdas a participar de las discusiones y acuerdos para que de una vez por todas Calderón y su gobierno se vayan.

Respetuosamente.

Firman:

Personalidades y organizaciones:

Dr. Gilberto López y Rivas, Dr. Andrés Barreda Marín, dr. Armando Rendón Corona, Dr. Enrique González Ruíz, Dra. Patricia de Oteyza, Antrop. Miguel Ángel Adame Cerón (ENAH-INAH), dip. Hortensia Figueroa Peralta (Morelos), Ignacio Suárez Huape, Dr. Gerardo de La Fuente Lora, Dip. Alejandro López Villanueva (DF), Pietro Ameglio, Cecilia González Arenas y Víctor Ariel Bárcenas Delgado, Adriana Mujica, David Barkin (profesor UAM), Carlos Aparicio (director de Radio Bemba y representante de la Asociación mundial de Radios comunitarias de México), José Luis Mariño López, José David Vega Becerra, Silverio de la Mora, Juan Ignacio López Espinoza, Raúl Barba Arciniega, Rosalio Morales Vargas, Gloria Teresa Parada Arvayo, Martín Rodríguez, Celso Hernández, Guadalupe Sandoval, Antonio Mendoza, Enrique Zapata, Claudia Valadez, Isaías Martínez, Rodolfo Pérez Peralta (STUNAM), Juan Pablo Jardón (MNCNS), Irene Patricia Bautista Berriozabal (FNADEZ), Alfonso Jesús García Pérez (Barzón Industrial, AC), Antonio González Abundio y Joaquim H. Vela González (UDENA-Plan de Ayala), Ismael Cano Moreno (Organización de la Sociedad Civil Tlaliyapatl), René Torres Bejarano, María Fernanda Campa, Mara Rosas Baños (IPN), Marjory González Vivanco, Alberto Moreno Gaytán, Eulalia Eligio González, Adriana Chávez Tejeda, Horacio Castillo, Esteban Escudero, Mauricio Ortiz (Expresión Ciudadana), Cirilo Padilla García (Comité Democrático Ciudadano), José Antonio Espinosa Vázquez (Ciudadanos Libres de Azcapotzalco), Sergio Ávila Rojas (Movimiento Ciudadano del Sur), Marco Antonio Padrón Martínez (Sol Naciente de Iztapalapa), Cuauhtémoc Garduño (Poder Ciudadano Nacional), Marza Antonieta Farfa (Frente Amplio de Izquierda Queretana-FAIQ-MNCNS), Javier Pineda (metrópolis Poder Ciudadano), José Arturo Tapia Flores (MNCNS), Sergio García Ayala (Movimiento Entre Ciudadanos), Miguel Ángel Flores Trueba (Partido Comunista Mexicano), Fernando Sánchez Barreda, Alejandro Martínez Mondragón (Tequio Ciudadano A.B. D.F.), Frente de Asambleas Vecinales Heberto Castillo (FAVHECA DF), Alianza de Bases Ciudadanas, (ABC), Frente de Asambleas Municipales Heberto Castillo de Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y Chiapas, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina de Tlaxcala (UFIC Tlaxcala); Benito Baena Lome y Gustavo Ortega (Alianza de Tranviarios de México); Benito Mirón Lince, Alfredo Percastegui, Federico Abarca Reyes, Marcelo Herrera Herbert, Ismael Hernández Rojas, Juan Gutiérrez Calva, Daniel Carlos García, José Jiménez, David Villarruel Velazco (Movimiento Nacional Organizado “Aquí Estamos”); Paul Hersch Martínez, Arturo Figueroa Saucedo, Rafaél Trujano Fermoso, Jorge Martínez Soto, Antonio García Morales, Porfirio Barrera Jiménez, Dora Treviño, Juan Emilio González Espinosa Garrido, Elis Martínez, Nayar López Castellanos, Marjory González Vivanco,

Organizaciones nacionales:

Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán, Sección III SNTE-CNTE Baja California, Partido Popular Socialista de México, Frente Popular Francisco Villa, Coordinadora Metropolitana, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, Red Izquierda Revolucionaria, Partido Comunista de México-Marxista Leninista, Frente Popular Revolucionario, Rumbo Proletario, Movimiento Socialismo Nuevo, Central Campesina Cardenista, UNTyPP, UNTCIP, Coordinadora Nacional de Municipios y Pueblos Originarios de México A.C., Nueva Fuerza Democrática Mexicana A.C., Alianza de Bases Ciudadanas (ABC); Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS), Organización Nacional del Poder Popular-PRP (Sociedad Cooperativa Emancipación del Pueblo, CUT-Coyoacán, A.C., Forjadores del mañana, A.C., UCISV-El Ejido, A.C., Movimiento de Pobladores, A.C., UCISV-1o. de mayo, A.C., UPTYL 10 De abril, MOPOPROVI 1O de junio, Colectivo Cultura y Democracia, Centro Cultural Comunitario Carlos Marx, Col. Pro-Revolución, Ecatepec, Comunidad Ecológica El Jobo, Catemaco, Ver., Agricultura Urbana Cinturón Verde El Molino), Organizaciones estatales:

Baja California: MLN; Chihuahua: MLN; Chiapas: OCEZ-MLN, OPEZ-MLN, Sindicato de Salud Sección 50 (Adrián Vázquez Rodríguez y Víctor Hugo Zavaleta), OCD AC (Moguel Santiago), Frente Campesino Popular de Chiapas, Unión Campesino Totikez Anek (Ruly de Jesús Coello Gómez); Distrito Federal: Ediciones del Poder Popular, Pregón, Calpulli Tlatoani, Grupo Democracia Revolucionaria, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Nueva Aztlán, Promotora de la CND, Frente de Asambleas Vecinales Heberto Castillo (FAVHECA); Durango: Comité de Defensa Ciudadana de la Región Lagunera, Consejo Coordinador Obrero Popular; Estado de México: Prof. Pedro Ramírez y Prof. José Figueroa González (Magisterio Democrático del Valle de México-Sección 36 SNTE-CNTE), Comité de Defensa de las Colonias (Tultitlán), UVVAC (Municipio Romero Rubio); Guerrero: MLN, Unión Estatal de Transportistas, AC (presidente: Apolinar Segueda Dorantes), Dr. Pablo; Jalisco: Bases Democráticas Magisteriales de Jalisco (Francisco Montero), Consejo de Defensa de la Salud de Jalisco (Dr. Alberto Reyes), Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular de Jalisco (Mario Brown y Arq. Antonio Orozco); Morelos: Prof. José Basurto F., Saúl Roque M. (Comunidad de Xoxocotla), Guadalupe Zayago (Comunidad de Alpuyeca), Pregón; Nayarit: MLN, Organización Popular Teocalli de Aztlan (Martín Ulloa Benítez), José Manuel Ulloa Benítez, Martín Pérez Castañeda, Leopoldo Mora Iglesias, Partido Socialista Mexicano de Nayarit (Cutberto Ortiz Mariscal), Federación de Estudiantes de Nayarit (presidente: Jorge Armando Ortiz), Unión de Colonias Independientes de Nayarit (Martha Isela Tirado González); Oaxaca: OOCEZ-MLN; Puebla: UPVA 28 de octubre; Jorge Amaya, Norberto Amaya, Humberto Sotelo, y Filomeno Gutiérrez (UNyR, Coordinación estatal Puebla), Gloria Hernández (Unión de Colonias Populares Democráticas de Puebla); Comisión política del Colectivo Ciudadano Carrillo Puerto (San Pedro Cholula), San Luis Potosí: Miguel Ángel Guzmán (FPFV), Martín Garay (Frente de Productores Potosino), Sebastián de la Cruz (Gobernador tradicional Xi-Iuy), Maximino Hernández (Gobernador tradicional Tenek); Sinaloa: Óscar Loza Ochoa (regidor de Culiacán y defensor de Derechos Humanos); Sonora: Jorge Rountree Cons (secretario de Relaciones Exteriores del STAUS), Rosa Ma. Oleary Franco, Javier Valenzuela, Mónica Soto Elizaga (Ciudadanos por el Cambio Democrático), Salvador Hernández Hernández, Dorotea Razcón Gámez (secretaria General, STEUS), Cuauhtémoc Nieblas Cota (secretario de Relaciones Exteriores, STEUS), Antonio García Morales, Jesús Martínez Soto, Arturo Figueroa Saucedo, Fco. Rafael Trujano Fermoso, Salvador Hernández Hernández, Ramón Valdéz, Catalina Soto Cota, (ombusman de la Universidad de Sonora); Tlaxcala: Grupo Ecologista de Tlaxcala, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala (Región Malinche), Eco Global Arte A.C. (Sede Tlaxcala/Organización Internacional); Veracruz: Antonio Santos, José Antonio León Mendívil, José Juan Ríos, Carlos Morales, José Luis Morales, Luis Miguel López-Mena, (periodista), Hipólito Flores Alonso (despedidos de la ex CIVSA), Marisa Fernández Pérez (Xalapa), Alicia Castillo Díaz (Zoncuantla-Coatepec), Álvaro Brizuela Absalón (Xalapa); Zacatecas: Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), Coordinación Ejecutiva: Mirna E. Puch Ceballos, Efraín Arteaga Domínguez, Gregorio Sandoval Flores, José Luis Figueroa Rangel, José Santos Cervantes.

Organizaciones que integran el FSSP: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); Sección 34 del SNTE-CNTE; Sindicato Único de Trabajadores de la UTEZ (SUTUTEZ); Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP (SUTACZ); Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo de COBAEZ (SUPDACOBAEZ); Sindicato de Trabajadores de la UAZ (STUAZ); Coordinadora del Magisterio Democrático de Zacatecas, Secc. 58; Sindicato de Trabajadores de CECyTEZ (STCECyTEZyEMSAD); Sindicato de Trabajadores de Confianza de CECyTEZ (SITCOCECyTEZ); Secciones 95, 201 y 166 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros; Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMySRM); Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEMARNAT (SNTSEMARNAT); Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Movimiento del Sindicalismo Revolucionario (MSR); Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, A.C.; Asociación Civil “5 de Mayo de Guadalupe y Zacatecas; Solidaridad Cívica Zacatecana, A. C.; Agrupación Política Nacional (APN) “Nueva Democracia”; Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo (PUNCN); Colectivos y trabajadores de la Otra Cultura; Federación de Organizaciones Sociales del Estado de Zacatecas-Movimiento Avance por la Democracia (FOSEZ); Barzón Zacatecas; Frente Popular de Lucha de Zacatecas-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (FPLZ-CNPA); Jóvenes por el Socialismo (JPS); Alianza Ciudadana de Comunidades Urbanas y Rurales, A. C. (ACCUR, A.C.); Integradora Estatal de Productores de Frijol; Comercializadora “Alfonso Medina” SPR de RI; E.I.S.A.; Enlace al Campo SPR de RI; Los Ejidos SPR de RI; Vaqueros de La Cocinera SPR de RI; Tianguis La Campesina; Sección 32 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA).

Firmas solidarias:

Manuel Talens, escritor (España), MEPLA: Luis Acevedo Fals, cineasta, Beatriz Muñoz Chan, Historia del Arte, Vivian Tabares Hechevarría, secretaria, Daylet Acevedo Pérez, Editora, Ledys Pérez Corvea, fotógrafa (Cuba), Percy Francisco Alvarado Godoy (escritor guatemalteco)

Correo: revocacionmandato@gmail.com

domingo, 1 de noviembre de 2009





Por FRANK BAJAK © 2009 The Associated Press
Nov. 1, 2009
En Ecuador, los indígenas Shuar están bloqueando carreteras para proteger sus territorios de caza. En Chile, los Mapuche ocupan fincas para presionar por la entrega de tierras, escuelas y clínicas. En Bolivia, la nueva constitución le otorga autonomía a las 36 etnias.




Por toda América Latina, especialmente en los Andes, un despertar político empapa a indígenas acostumbrados a vivir como ciudadanos de segunda clase desde la conquista española.

Esta rebelión política se debe en parte a una mejor educación y comunicaciones, en la medida que Internet le ha permitido a líderes nativos, en regiones apartadas, compartir ideas y estrategias más allá de sus fronteras.

Este despertar responde también a una urgencia: Las naciones de América Latina se han embarcado en un búsqueda sin precedentes de recursos, desplazándose hacia territorios que los indígenas asumen como de propiedad ancestral, en tierras prístinas que consideran claves para su supervivencia.

“El movimiento indígena se ha levantado al ver que el gobierno no respeta nuestros territorios, nuestros recursos, nuestro Amazonas. Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Rómulo Acachu, presidente de los Shuar, flanqueado por sus guerreros con lanzas de madera y los rostros cubiertos con bélicos dibujos negros.

El mes pasado, los Shuar bloquearon con alambre de púas puentes de una carretera en el selvático sur de Ecuador y como protesta por una nueva ley que permitiría trabajos mineros en territorios indígenas sin previa consulta con las tribus, colocando además el agua de la zona bajo control del estado.

El 30 de septiembre, un maestro fue muerto durante disturbios violentos con la policía antimotines.

“Si hay 10 muertos, que haya 10 muertos, si hay 1.000 muertos estarán bien muertos. De ser necesario, usaremos la fuerza para defender nuestra dignidad”, dijo otro dirigente Shuar, Rafael Pandam.

Los Shuar ganaron. Al menos este asalto.

Un semana después del fallecimiento, el gobierno accedió a reconsiderar la ley después de que el presidente Rafael Correa recibió a unos 100 líderes indígenas en el palacio de gobierno. Correa no necesita que nadie le recuerde que los indios, un tercio de la población de esa nación andina, se han convertido en un constituyente indispensable y que ayudaron a la caída de un gobierno ecuatoriano en el 2000.

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Los indígenas son una décima parte de los 500 millones de habitantes de América Latina. En algunas partes de los Andes y Guatemala la proporción es mucho mayor.

Sin embargo, son más pobres y menos educados que la población en general. Cerca del 80% vive con menos de dos dólares al día, una tasa de pobreza que duplica la del resto de la población, de acuerdo con el Banco Mundial. Al menos el 40% carece de acceso a servicios de salud.

Las amenazas a los territorios indígenas han crecido en los últimos años. Al reducirse las reservas mundiales de crudo y aumentar la demanda mundial de minerales y madera, los sectores petrolífero y minero se combinan con la industria maderera para abalanzarse sobre tierras tradicionales indígenas.

“Los indígenas han estado perdiendo progresivamente el control y la propiedad de los recursos naturales de las tierras y territorios que ocupan desde siempre. A veces las leyes les reconocen el título de las tierras, pero no les quieren reconocer la propiedad de los recursos que están en esas tierras”, dijo Rodolfo Stavenhagen, un prominente sociólogo mexicano que es relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“Así que la situación no es muy alentadora, sino más bien lo contrario”, agregó.

De ahí la revuelta en los Andes.

En Perú, al sur de las tierras Shuar, el gobierno ha dividido más del 70% de la región amazónica en campos de exploración petroleros y ha comenzado a entregar concesiones. Por temor de que sus territorios de caza y pesca sean contaminados, los indígenas comenzaron el año pasado a realizar bloqueos esporádicos de carreteras y ríos.

El 5 de junio, la policía antimotines abrió fuego sobre los indígenas en un bloqueo vial a las afueras del poblado de Bagua, donde la selva llega al pie de las montañas andinas. Al menos 33 personas murieron, la mayoría de ellas agentes policiales. Los indios no se disculparon por su resistencia.

“Casi todo lo que tenemos viene de la selva”, dijo uno de los manifestantes, un enjuto maestro de escuela de la tribu Awajun llamado Gabriel Apikai. “Las hojas, la madera y enredaderas que usamos para construir nuestras casas. El agua de los riachuelos. Los animales que comemos. Por eso es que estamos tan preocupados”, agregó.

Mucho más al sur en la cadena montañosa más larga del mundo, la policía chilena está protegiendo ahora 34 ranchos y terrenos madereros que los indios Mapuche tienen como objetivo de ocupación y sabotaje.

Los Mapuche, que dominaron Chile antes de la conquista española, representan actualmente menos del 10% de la población y tienen un 5% de sus territorios, algunos de ellos entre los menos fértiles del país.

Activistas Mapuche que reclaman los títulos de más tierras y más acceso a la educación y los servicios de salud, se declararon este año en desobediencia civil. En agosto, la policía antidisturbios, que realizaba una evacuación, mató a un indígena y al menos otros ocho resultaron heridos.

“Si el gobierno y la clase política no escuchan nuestras demandas, la situación se va a tornar mucho más difícil que la que hay ahora”, dijo el líder Mapuche José Santos Millao, en una entrevista con The Associated Press en Santiago. Calificó de “cortina de humo” al Ministerio de Asuntos Indígenas que creó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado 29 de septiembre.

En ninguna otra parte es tan evidente el poder indígena como en este poblado de Bolivia, país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, en diciembre de 2005. Morales disolvió el Ministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, al que tildó de racista en un país donde más de tres de cada cinco habitantes son aborígenes.

En febrero, los votantes aprobaron una constitución que crea un estado “plurinacional” y le concede un estatus de soberanía a los nativos de Bolivia. Ancestrales modelos de gobierno, justicia comunitaria e incluso tratamientos curativos son ahora legales, al mismo nivel que las leyes más modernas y la ciencia.

En la capital, La Paz, las “cholitas” _mujeres indígenas con sus tradicionales sombreros bombines y chales multicolores_ son ahora presentadoras de televisión. Los concursos de belleza “Miss Cholita” están de moda y en los clubes nocturnos hay estrellas de hip-hop nativas.

En el palacio presidencial, Morales, un indio Aymara que cultivó coca y quien de niño pasó hambre, insiste en almorzar periódicamente con los guardias de bajo rango de la sede de gobierno.

Morales se está asegurando que las ganancias del gas natural y la extracción de minerales sean distribuidas equitativamente y que el agua, cuya privatización en la ciudad de Cochabamba provocó protestas en el 2000, nunca más sea puesta en manos privadas.

También lucha por hacer públicos los servicios de electricidad.

Morales ha fundado tres universidades indígenas, formalizado el sistema de cuotas para los indios en las filas militares y creado una escuela especial para indígenas que quieren ser diplomáticos. También promueve una campaña para demandar que todos los trabajadores públicos puedan hablar fluidamente al menos una lengua indígena.

“No hay forma de regresar al pasado”, dijo Waskar Ari, un Aymara quien cambió su nombre a Juan en la década de 1970 para poder así ser aceptado en una escuela privada en La Paz. Hoy es profesor en la Universidad de Nebraska.

Ari relaciona el “renacimiento” de su país al final del “apartheid” o la segregación racial en Sudáfrica.

“Finalmente”, dijo orgulloso, “Bolivia ya no es la Sudáfrica de América Latina”.

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El fundamento legal para el movimiento de los indígenas en América Latina fue coronado cuando las Naciones Unidas en septiembre de 2007 aprobó la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que respalda el derecho de los pueblos nativos a sus propias instituciones y tierras ancestrales. La Declaración ha sido adoptada por la mayoría de los países de la región.

También ha ayudado a los indígenas a obtener algunas grandes victorias legales:

_ En 2007, la Corte Suprema de Belice falló a favor de las comunidades Mayas que habían cuestionado el derecho del gobierno a dar en concesión tierras indias para la explotación maderera.

_ Un fallo similar se produjo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nombre del pueblo Saramaka, en remotos parajes del bosque en Surinam, que respalda el concepto de que los grupos indígenas deben otorgar su consentimiento en casos de grandes proyectos de desarrollo.

_ En diciembre pasado, el gobierno de Nicaragua finalmente entregó títulos colectivos al pueblo Mayagna, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que las autoridades carecían del derecho de entregar en concesión tierras indígenas.

_ Al mes siguiente, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que un millón de indígenas estaban en peligro del “exterminio” cultural y físico y ordenó al gobierno protegerlos.

_ En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a los agricultores de arroz desalojar la reserva Raposa Serra Do Sol, una vasta reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas habitada por 18.000 indígenas en los extremos del Amazonas.

A pesar de tales fallos judiciales, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda clase.

Sólo un indígena ha sido elegido al Congreso de Brasil, donde la mayoría de las etnias ocupan vastas áreas del Amazonas, a pesar de ser apenas el 5% de la población.

En Guatemala, donde casi la mitad de la población es descendiente de los Mayas, ni un solo indígena ha llegado a una oficina pública nacional.

Las desventajas educacionales perpetúan esta iniquidad.

En Guatemala, tres de cada cuatro indios son analfabetos, según Naciones Unidas. En México, donde 6% de la población no sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo entre los indígenas adultos es del 22%. Incluso en Bolivia, sólo 55% de los niños indígenas culminan estudios de primaria, comparado con el 81% de los otros niños.

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Los esfuerzos para “descolonizar” son aún muy frágiles.

En el este de Bolivia, donde la ONU afirma que varios miles de indios Guaraní, incluyendo niños, trabajan en grandes haciendas virtualmente como esclavos, Morales ha prometido la autonomía, pero la elite de la zona, los más duros oponentes de Morales, no lo permitirán sin presentar combate.

“El territorio indígena es una importantísima oportunidad para una ruptura del poder económico de sectores corporativos de poder”, dijo en una entrevista Carlos Romero, ministro de Autonomías de Bolivia.

“Cuando a una planta le cortamos el tallo… (empieza) a retoñar”, dijo Valentín Ticona, viceministro de Justicia, al resaltar que lo que hacían en su país era sacar “de raíz” lo dejado por los españoles.

Ticona está entre los funcionarios de gobierno involucrados en acciones para favorecer a los Guaraní, que han provocado roces con los hacendados, de piel mucho más clara.

Conseguir su autonomía debería ser menos problemático para los indígenas en las tierras altas del oeste del país, como esta localidad de Jesús de Machaca, debido en parte a que las tierras rinden muy poco.

Jesús de Machaca es una agreste localidad agrícola cercana al Lago Titicaca y cuya población esta conformada en un por 96% de indios Aymara. Este poblado está entre los cuatro territorios montañosos de Bolivia que votará el 6 de diciembre para decidir si se declaran municipalidades autónomas. Bajo ese gobierno propio, los poblados legalizarían prácticas administrativas que datan de los tiempos del imperio Inca.

Los líderes locales, llamados “mallkus”, son elegidos democráticamente por sus comunidades en votación pública. Luego escogen a los funcionarios de gobierno. Los períodos de mandato están restringidos a un año. Tal sistema es más cercano al socialismo que al capitalismo.

El vicealcalde Braulio Cusi afirmó que la autonomía beneficiará inmensamente a la comunidad, donde casi todos los 13.700 residentes viven en casas de adobe, utilizan la bosta de ganado como combustible para cocinar, la mayoría de los hogares carecen de agua corriente y las mujeres dan a luz en sus casas porque no hay un hospital o una clínica.

“Asociaciones cooperativas de lácteos, procesamiento de queso… Va a haber trabajo”, dijo Cusi, quien lleva sobre su poncho un látigo de cuero blanco como símbolo de su autoridad. Aspira a que se consiga un matadero para el poblado y un veterinario. “Los jóvenes, por lo que no hay trabajo, se van de aquí. Ese es el problema. Como ya tenemos electrificación y agua, más jóvenes van a volver”, agregó.

Los poco más de 900 kilómetros cuadrados del pueblo se dedican mayormente a la cría de llamas y ovejas, y al cultivo de papas y quinoa. Comprado en los siglos XVI y XVII por nativos que rehusaron convertirse en agricultores con terrenos alquilados, impera la propiedad comunitaria, parcelada en lotes. La venta a personas fuera de la zona está prohibida.

Jesús de Machaca dio su primer paso hacia la autodeterminación cuando se convirtió en una municipalidad autónoma en 2002. Más tarde eligió a su primer alcalde, también un mallku.

El gobierno nacional duplicó su presupuesto. Por encima del 70% de los hogares ahora tienen electricidad _comparado con el 10% en el 2001_, y recién culminó la construcción de un edificio de tres pisos para la municipalidad, con pisos de parquet y puertas de roble.

El pueblo incluso está construyendo un estadio de fútbol.

“Vamos a ser reconocidos”, dijo Cusi tras mirar la banderola de los indígenas de Bolivia izada en un asta a la sombra de un portentosa iglesia colonial española.

“Vamos a poder definir cómo queremos vivir de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.

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Los corresponsales de The Associated Press Mark Stevenson en Ciudad de México; Eva Vergara en Chile; Jeanneth Valdivieso en Macas, Ecuador; Carlos Valdez en La Paz, Bolivia; Juan Carlos Llorca en Ciudad de Guatemala; Ian James en Caracas; y Bradley Brooks en Rio de Janeiro contribuyeron a este reportaje.

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En internet:

Declaración de la ONU de los Derechos Indígenas:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html.