domingo, 30 de agosto de 2009

Del PROCEDE al FANAR, los afanes privatizadores del gobierno neoliberal, la destrucción de la vida comunitaria y la cobardía de unos cuantos.





“Si un traidor puede más que unos cuantos,

que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

“Solo le pido a dios” León Gieco,

(Cantante argentino)

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El título kilométrico de esta colaboración tiene que ver con una de las horrorosas realidades que afectan la vida de las comunidades, desde la reforma constitucional de 1992, impulsada por Carlos salinas de Gortari y la tecnocracia que asaltó el poder, dio por muerta a la revolución, anunció con bombo y platillo la entrada al primer mundo y decretó el fin de la vida comunitaria y colectiva apropiándose de uno de los valores más significativos de la especie humana, la “SOLIDARIDAD”.

Mediante el llamado programa estrella del sexenio, los tecnócratas iniciaron la aplicación de un proyecto de corte etnocida, disfrazado de asistencia social, el cual buscaba sustituir uno de los preceptos más caros de la Revolución mexicana, declarada fenecida por régimen neoliberal, la “JUSTICIA SOCIAL”, en esencia se trataba de transformar las ancestrales estructuras de participación comunitaria por mecanismos del mercado, en los que el dinero se convertía en el elemento central de la vida en las comunidades, desplazando paulatinamente la vocación de servicio comunitario, los resultados no tardarían en ser vistos, corrupción y ambición tras el poder en las comunidades, algo ampliamente documentado a lo largo y ancho del país.

Detrás de todo ello se encontraba el afán del Estado por romper de una vez por todas los vínculos comunitarios con la tierra, que dos grandes reformas previas, la REFORMA JUARISTA y la LEY DE COLONIZACIÓN Y BALDÍOS de cuño porfirista, no habían podido lograr, estos vínculos se habían reafirmado mediante la oposición al juarismo y al porfiriato, cristalizó en las demandas enarboladas por la revolución popular de 1910, los anarquistas, zapatistas y villistas defendieron con el apoyo de las masas el derecho a la “TIERRA Y LIBERTAD”, tal fue el origen del ejido y el reconocimiento de las comunidades por el nuevo Estado, la oligarquía en el poder y los herederos postrevolucionarios no pudieron eliminar, por lo menos en la ley a los marginados de siempre, sus afanes por exterminar a los pobres no desaparecían ni mucho menos, se afianzarían durante muchas décadas, hasta llegar a 1992.

La materialización del proyecto asistencialista tuvo como base la privatización del sector público vinculado a las riquezas nacionales, así al grito de “VIVA EL LIBRE MERCADO”, los tecnócratas iniciaron el desmantelamiento de las empresas públicas, Telmex, Ferrocarriles Nacionales, CONASUPO, entre otras, marcaron el fin del ESTADO DE BIENESTAR e inauguraron el del “SALVESE QUIEN PUEDA”, para los socios del poder una nueva etapa de concentración de la riqueza, para los pobres más pobreza, una muerte asistida mediante los programas derivados de SOLIDARIDAD, PROCAMPO, PROGRESA y demás, se trataba en realidad de romper el vínculo entre la comunidad y la tierra, todo ello mediante una política asistencialista destinada a eliminar la cultura del trabajo y servicio que las comunidades habían desarrollado durante miles de años.

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La estrategia del Estado se redujo a un par de acciones, mantener los bajos precios de garantía a los productos del campo y alentar la importación semillas al mismo tiempo que entregaba “ayudas” a los campesinos, consistentes en créditos a fondos perdidos, es decir no era necesario reintegrarlos, al mismo tiempo se conservó el sistema de tiendas DICONSA, o sea la CONASUPO, esta distribuiría los productos de primera necesidad, sobre todo las semillas a precios más bajos, lo cual reforzaría la idea de que no era necesario seguir siendo productivos en el campo, hoy en día, veinte años después es prácticamente imposible encontrar, al interior de las comunidades, jóvenes u hombres maduros que continúen dedicándose a producir en el campo, la inmensa mayoría de quienes aún lo hacen son los “MAYORES”, hombres y mujeres de más de sesenta años.

Las nuevas generaciones ya no vieron las condiciones de miseria en las que sus padres tuvieron que sobrevivir, al menos contaban con dinero para comprar los productos necesarios, esos que ya no producían y al final siempre había un remanente que les permitía adquirir algunos otros productos, especialmente aquellos que se consumían en las ciudades, incluidas las bebidas alcohólicas, eso alentó los cambios culturales de manera acelerada la colonización en una nueva versión, paralelamente el sistema político occidental hizo su aparición en los núcleos comunitarios, los partidos políticos cooptaron a las nuevas generaciones de líderes comunitarios y los educaron en las maneras y prácticas de corrupción y malos manejos símbolo del poder político del Estado mexicano, “el que no tranza no avanza”, de ahí surgirían las nuevas élites gobernantes, presidentes municipales, diputados, líderes magisteriales, representantes comunitarios y otros tantos cuya única divisa fue enriquecerse de la manera más rápida y ostentosa posible.

En este marco se empezó a banalizar el significado de la comunidad y sus valores, las comunicaciones hicieron otro tanto, las carreteras, símbolo del progreso rompieron viejo y fructíferos lazos intercomunitarios, añadiendo un ingrediente extra a la situación, la disputa por los recursos naturales, lo cual generó un sentimiento de competencia entre los que antes eran pares, hermanos de cultura y de prácticas. A pesar de ello subyacía el espíritu de la comunidad y en no pocas de las prácticas de la misma afloraba de tal manera que no ha sido posible desterrarla del todo, adicionalmente las políticas educativas han incrementado la ofensiva contra la identidad comunitaria, se puede encontrar además una gama muy amplia de políticas que han intentado por todas las vías exterminar a la comunidad, políticas demográficas de control natal, migraciones y demás-

Con el inicio del foxiato y el supuesto proceso democratizador de las estructuras del poder en México, no hubo más que continuidad del modelo neoliberal con un notable incremento de los afanes depredadores, tanto del medio como de los recursos que, se descubría abundaban en los territorios ancestrales de las comunidades, el ya señalado fin de las políticas sociales de bienestar y el desmantelamiento de las empresas nacionales se vio acrecentado por la desaparición de las instituciones creadas ex profeso para garantizar la mencionada justicia social, en el caso de las comunidades se puso fin al INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, el cual, con todo y su carácter paternalista se había convertido en un espacio en el que aún con sus deficiencias era posible hacer patentes las reivindicaciones de las comunidades, sobre todo las originarias.

El colofón fue la puesta en marcha del llamado PLAN PUEBLA PANAMÁ, engendro diseñado para eficientar los procesos de exterminio comunitario con la máscara del desarrollo igualitario para todos los mexicanos, todo se resolvería mediante la implementación del libre mercado, siguiendo la misma línea se implementaron una serie de reformas fundadas en las modificaciones al artículo 27 constitucional, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”, PROCEDE, se llamó el primer intento, previamente, Salinas declaró muerta la Reforma agraria, finiquitó el reparto agrario y aceleró los procesos que llevarían a que los núcleos ejidales y comunitarios a “decidir por si mismos la privatización de sus tierras”, tal era el papel del PROCEDE, el marco previo había favorecido una serie de prácticas plenas de corrupción, venta de recursos naturales, bosques, agua, recursos minerales, etc., manejados discrecionalmente por los representantes comunitarios, comisariados comunales o ejidales, agentes municipales y de policía, presidentes municipales, delegados de gobierno y aún gobernadores y funcionarios federales e incluso presidentes de la república, remember el Tamarindillo”, afortunadamente no todo es negro en el panorama de las comunidades y en diversos espacios se ha generado una resistencia a la destrucción, 1994 sirvió para alentar el espíritu de lucha y resistencia, la lucha continúa.

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El fracaso del PROCEDE, en estos 14 años, contados a partir de la reforma de 1992, 2,421 (dos mil cuatrocientos) núcleos agrarios del país lograron resistir las mentiras, corrupción, presiones y chantajes con los que se impuso el programa ha dado pie a un nuevo experimento, el “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar“ (FANAR) que desde el año 2007 pretende completar las encomiendas de su antecesor con las mismas tácticas, amenazando o corrompiendo a los comisariados, ofreciendo dádivas cuando es necesario, en la región cuicateca de Oaxaca, por ejemplo un delgado agrario, el Lic. Juan Eddy García Coronado, llegó a ofrecer al menos en dos comunidades camionetas a los respectivos comisariados a cambio de su apoyo al programa, más tarde fue posible indagar que el mencionado delegado tiene nexos con representantes de compañías dedicadas a la minería, esto es solo una pequeña muestra de lo que sin lugar a dudas sucede en otras partes del país.

No es casual, entonces, el denodado afán de los organismos estatales como la Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indios, CDI, la Procuraduría Agraria, PA SEMARNAT, Dirección General de Minas, DGM, entre otros por tratar de convencer a veces en buenos términos, otras mediante amenazas directas o veladas, a quienes “representan a las comunidades a fin de lograr su cometido, los megaproyectos del otrora Plan puebla-Panamá, ahora Iniciativa mesoamericana, no pueden esperar, aunado a ello muchos gobiernos y representaciones comunitarias han renunciado a la defensa de los intereses comunitarios, mintiendo incluso a sus representados sobre las implicaciones de la “regularización” de los núcleos agrarios, en caso de prosperar el FANAR, como el pago de impuestos, la ofensiva de intereses ajenos a las comunidades, y en el caso de algunas comunidades cuicatecas sobre la gratuidad de los “servicios” del mencionado programa, obviando que se trata de un fondo, es decir que existe un recurso económico, financiado por el Estado mexicano, para la implementación del programa, será que también alcanza para sobornar a los representantes que lo apoyan, el tiempo lo dirá.

Por lo pronto, nadie en su sano juicio puede pensar en las bondades de un programa que casualmente se implementa con más ímpetu en zonas del país en donde se ha planeado previamente implementar los llamados megaproyectos, aeropuertos, carreteras, presas, hidroeléctricas, generadores eólicos, proyectos mineros, explotaciones forestales, en fin todo aquello que genera ganancias tasadas en miles de millones de dólares para unos cuantos y miseria y destrucción para muchos.

Adicionalmente el gobierno actual ha anunciado el fin de las políticas asistencialistas como PROGRESA y OPORTUNIDADES para el año 2012, es decir a menos de cuatro años, en un escenario en el que la mayoría de los habitantes de las comunidades han sido desacostumbrados al trabajo digno solo quedará privatizar para convertirse en los esclavos del dinero en el siglo XXI, sin un despertar de la conciencia comunitaria ni el compromiso para la defensa de la dignidad y el territorio de las comunidades originarias, solo nos quedará lamentarnos por lo perdido, a pocos meses del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, difícilmente podremos celebrar el digno gesto de quienes buscaron su libertad, ofrendando incluso sus vidas por la libertad para todos y el derecho a existir con nuestros territorios y cultura propios.

Valga entonces recuperar la dignidad de los ejidos y comunidades y de todos y todas quienes conformamos este país, solo la dignidad de todos nos puede salvar, solo el pueblo salva al pueblo y sus enemigos deben ser desterrados, no cabe en una comunidad quien no acepta ni refrenda la tradición de la comunidad, hemos subsistido por miles de años y no pereceremos por la cobardía de quienes en vez de encarar la realidad pretenden ignorarla combatiendo con mentiras la resistencia y la lucha por los derechos comunitarios.


martes, 18 de agosto de 2009

EL DEBIDO PROCESO







EL DEBIDO PROCESO

Alberto Híjar
18 de agosto, 2009


Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares.

Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Estaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales.

Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español.

Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.

martes, 4 de agosto de 2009

LA CUARTA GUERRA DE CONQUISTA EN LAS COMUNIDADES CUICATECAS.


EL FANAR Y LAS TIERRAS COMUNALES.



Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Julio 31, 2009


1.- El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) es un programa gubernamental federal para privatizar las tierras comunales y ejidales que tiene como finalidad entregar una escritura al poseedor de la tierra para que finalmente dada su necesidad u el ofrecimiento de alguna persona particular este pueda vender su propiedad a quien así lo requiera sin importar el origen o característica particular del comprador porque quien vende ha perdido automáticamente la característica que anterior al proceso de privatización poseía: el uso y la costumbre, la dignidad y el origen, que también son leyes, conocido en varias comunidades indígenas como El Derecho Mayor.


De esta manera, la finalidad última del programa es la desincorporación del sujeto de su cultura y que entre en el proceso de “modernización” al dotarlo de la seguridad de ser “dueño” de su parcela como si viviendo en un espacio comunal u ejidal no lo fuera. Sólo que la diferencia radica en que en las tierras comunales y ejidales el sujeto no existe, porque en ellas quien decide es la asamblea, aunque si existe la venta de la tierra pero se da entre propios del lugar, generalmente. En caso contrario, para que un particular de un lugar distinto pueda adquirir una posesión en el lugar comunal o ejidal tiene que apegarse al derecho mayor, o sea que tiene que cumplir con las costumbres de la comunidad, prestar los servicios comunitarios gratuitos y cumplir con las actividades que programa el comisariado comunal u ejidal según sea el caso, entre otras actividades y servicios. Cumpliendo estos el sujeto se vuelve plural, se convierte en parte del pueblo y tiene los derechos que tiene cualquier comunero y/o ejidatario, además de que si existe alguna posesión que se encuentra en venta y quiere adquirirlo, lo puede hacer.


¿Entonces porqué entrarle al FANAR? Si no hay necesidad de privatizar la tierra no tiene sentido alguno entrarle al programa. Más bien, el gobierno es el que parece necesitado de ello. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en que las comunidades que no lo hicieron con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en su momento continúen el proceso de cambio a la propiedad privada, cuando en el documento que da origen a mencionado programa dice que la decisión de entrarle o no debe de ser voluntario. Entonces ¿por qué tanta insistencia?


Existen varias razones para ello, a) somos un país dependiente del exterior, en todos los sentidos, de infraestructura, de alimentos, de gas y otros que son pilares elementales en cualquier economía. b) Padecemos de gobiernos corruptos que viven de entregar nuestras riquezas al exterior. c) Existe un grupo de poder amafiado con grandes trasnacionales que dominan los poderes facticos en las naciones quienes a cambio de mantenerse en su posición o para escalar a otro nivel negocian las riquezas de las naciones para que por anticipado se les apoye con dinero en épocas electorales. O Sea, que quien decide quien gobierna un país es ese grupo de poder trasnacional, posteriormente viene el cobro de la factura. d) El país se mantiene económicamente de la venta de petróleo el cual se está volviendo más caro extraerlo. e) Vivimos en una región muy basta de riquezas naturales, agua dulce, maderas y minerales. Por todo lo anterior, pero sobre todo por el punto “e” es que quieren que se privaticen las tierras porque como las comunidades indígenas viven de la agricultura para autoconsumo y además de que estos productos finalmente se importan de los Estados Unidos, los indígenas salimos sobrando, y nuestras tierras son ociosas aparentemente, lo cual es ganancia para ellos porque lo ven con signo de pesos, por ello hay que cambiar el dominio de la tierra para que se pueda vender, que se vayan los legítimos dueños a otro lado, mientras que los poderosos y las trasnacionales se apropien de los recursos rentables, los que si se venden y que tienen un valor alto de ganancia. Esta parte es la que no ven ni analizan aquellos que están de acuerdo al interior de las localidades y se prestan para que el gobierno avance en su interés por privatizar la tierra de las comunidades y ejidos.


De esta manera regresa al campo cuicateco la nueva invasión por el control territorial. Primero fue el poderío azteca que alcanzó dominar la región, posteriormente vino la conquista española, más reciente, en los años cuarenta del siglo XX, fue la imposición de la educación, ahora vienen por los recursos naturales y minerales que como lo indican los estudios al respecto, nuestras tierras tienen concentraciones altas de minerales como oro, zinc, manganeso y uranio, entre otros, además de que poseemos importantes nacimientos de agua dulce, flora y fauna que son codiciados en otros lugares del planeta y que el gobierno mexicano nunca le ha importado su destrucción, ejemplos abundan a lo largo y ancho del país.


2.- En la actualidad, todas las comunidades con características sociales de explotación de la tierra han sido visitadas por la Procuraduría Agraria (PA) para insistir más no para invitar a que los núcleos agrarios le entren a la privatización de la tierra, de lo cual no han estado exentas las localidades cuicatecas. De esta manera en los años 2006 y 2007, fueron visitadas las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo y San Juan Tepeuxila, anteriormente ratificaron sus condición de ejido las comunidades de San Francisco Tutepetongo y El Casique.


De manera amañada la PA inició sus trabajos por la comunidad de Tlacolula y Teponaxtla, ahora nos damos cuenta de que la finalidad era lograr que dichas comunidades privatizaran sus tierras ya que paralelamente el gobierno federal ponía a la venta 3500 hectáreas de tierras posesión de las comunidades mencionadas a las empresas mineras para explotar oro en la modalidad de minería a cielo abierto e incluso el visitador agrario Lic. Juan Edy García Coronado ofreció camionetas del año a cada uno de los miembros del comisariado en la comunidad Tlacolula, aún así la comunidad no le entró a la privatización de la tierra.


San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec y Santa María Pápalo, privatizaron parte de sus tierras, con la finalidad de que se reconocieran partes que se encontraban ocultas o porque tenían diferencias en sus limites entre comunidades colindantes y según la PA esto permitiría darle solución a las problemáticas intercomunitarias, pero lo que desconocen las comunidades mencionadas es que están habitando una franja de tierra que va desde Tehuacán, Puebla, hasta el norte de Chiapas y que va de ancho desde Teotitlán del Camino hasta los limites de Teponaxtla al oriente que contienen importantes concentraciones de Oro, Aluminio, Zinc, Manganeso y Uranio en sus tierras, además de importantes cantidades de agua para hacer la lixiviación de los minerales en caso de ser explotados.


Queda la comunidad de Tepeuxila, que es cabecera municipal de las localidades Teponaxtla, San Andrés, Cuyaltepec y Tlacolula, que por lo visto cuando se hicieron los procesos de privatización en estas comunidades no tuvo una opinión al respecto.


Por otro lado, en su interior, políticamente no hay claridad. Tepeuxila es una de las comunidades más occidentalizadas de la región y quienes en la actualidad representan el poder desde la presidencia municipal están sometidos por el gobierno estatal.


Siempre Las tierras de Tepeuxila han sido comunales. Fue por los años sesenta cuando ya hubo un intento de privatización de ellas y a través de la recaudación de rentas en Cuicatlán se hicieron escrituras de la parte poblada o solares de la comunidad y uno que otro en el campo. Finalmente, en el año 2003, después de varios decenios de pleito por límites con el ejido de San Francisco Tutepetongo, el Tribunal Agrario (TA) manifiesta que los bienes de la comunidad Tepeuxila siguen siendo comunales en su totalidad.


La forma de vivir de los tepeuxileños en relación con la tierra ha sido de la siguiente manera, los solares, están delimitados por mojoneras en los puntos donde cada fracción de tierra linda con otra porción correspondiente a otra persona, de la misma manera se delimitan las tierras en la zona agrícola donde se maneja que la tierra es propiedad y que ha sido asignado a su actual posesionario por herencia o por compra. Estas tierras están escrituradas o en su caso tienen documento de compra venta.


Por otro lado, están las tierras de uso común, y casos ejemplares son los lugares donde se ha trabajado con anterioridad, la hierbabuena, el rancho, ojo de agua, tierra caliente y la montaña, en estos montes, las fracciones de tierra no estaban delimitadas por mojoneras, cada comunero conocía y respetaba hasta donde podía trabajar, algunos terrenos eran encorralados y otros estaban dentro de un corral común donde laboraban más de dos comuneros, pero cada uno en los casos donde el lote era pequeño inclusive sabían cuantos surcos tenía la parcela.


La montaña, fue un corral común, de hecho en la temporada de sequía toda la gente se organizaba dirigida desde la sindicatura del municipio, para que una vez terminada la recolección de la mazorca y levantado el zacate para alimento de los animales de quienes hicieron cultivo en señalado lugar, se abriera el corral común para la alimentación del ganado de los comuneros de Tepeuxila, al parecer esto se le ha olvidado a los nuevos comuneros y al ayuntamiento, más sin embargo a los animales no, hasta la fecha es notoria la llegada de animales que se encuentran en otros puntos del territorio tepeuxileño cuando ya la pastura se agota en esas zonas y hay andan rondando la montaña.


Problemas generados por esta forma de vida: ninguna


¿Entonces por qué y para qué la privatización de la tierra? Si no es para entregarla al gobierno para que este a su vez la concesione a empresas privadas no tiene ningún sustento.


Por el contrario la privatización de la tierra termina con una serie de formas de organización que tienen y que han mantenido a las comunidades indígenas. Por ejemplo, se terminaría el tequio y los trabajos comunitarios gratuitos: el servicio de policía, comités y ayuntamiento. Todos estos servicios tendrían que ser pagados.


Las propiedades serían vendidas a cualquier persona de la comunidad o sin que pertenezca a ella. Nadie de la comunidad podría tener una responsabilidad a nombre del pueblo ya que todos serían sujetos particulares.


La cohesión social que permite el uso del suelo es el que se desintegraría. Cada persona, cada familia se aislarían porque ya no existirá más ese valor comunitario que hace que la vida de los pueblos funcione como una familia.


En las tierras comunales y ejidos son los comisariados quienes cuidan del uso y disfrute de los recursos naturales para su explotación común como es el caso del pastoreo de ganado, del uso de leña para combustible y de la distribución de la tierra para quien así lo requiera.


En las tierras privadas, reyna el dinero. Si tienes dinero compras lo que quieras o requieras y si no tienes dinero te mueres de hambre, nadie se solidariza con tu persona.