¡A las comunidades cuicatecas!
¡A los pueblos de México y el mundo!
¡Los organismos de DERECHOS HUMANOS nacionales e internacionales!
¡A los mexicanos mexicanas concientes!
Como es de su conocimiento, el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, CEREC, ha realizado desde hace cuatro años, las investigaciones relativas a la existencia de una concesión minera, por cincuenta años, en el territorio del municipio de San Juan Tepeuxila, hasta ahora no existe una sola prueba que permita poner en duda lo anterior, justamente por eso se inició desde el año 2006 una labor de información a las comunidades de la región cuicateca, circundantes a la probable área de impacto, tanto de la parte alta como a la cañada, cuya vida depende de los escurrimientos de agua que se originan en la parte alta, ello ha resultado en el firme compromiso de las comunidades informadas, hasta el momento alrededor de veinte, en la defensa de la vida y la integridad territorial cuicateca.
A través de diversos medios, que van desde las autoridades locales, comisariados, autoridades municipales y de las agencias, se ha solicitado la información y el expediente relativos a la mencionada concesión sin que hasta el momento la Secretaría de Minas, específicamente por medio de la Dirección General de Minas, se haya dignado en responder a las peticiones mas que con evasivas, el expediente de marras ha sido visto por las representaciones comunitarias interesadas, sin embargo por medio de obstáculos no se ha entregado a los interesados, y en el colmo del cinismo, en la versión que se ha mostrado a petición de las comunidades, el expediente ha sido rasurado, reduciéndolo a unas cuantas páginas con folios alterados e irreconocible.
Mientras tanto a partir de septiembre del 2008 se ha iniciado un hostigamiento por parte de las instituciones estatales y federales, e incluso del ejército federal en las comunidades participantes, la presencia de inteligencia militar, denunciada ya en este espacio, la presencia de un pelotón del ejército en plena celebración patronal en San Juan Tepeuxila, haciendo ostentación de su condición, así como patrullajes conjuntos en San Francisco Tutepetongo, interrogando a los lugareños, son solo un pequeño muestrario.
Durante el mes de diciembre del año anterior, el equipo de investigaciones del CEREC, realizó una visita al sitio sagrado de los tepeuxileños, conocido como la BANQUETA, ahí se localizaron marcas ajenas al sitio, que se ilustran en algunas fotografías al inicio del presente, estas mismas marcas han sido realizadas por el personal de la Dirección General de minas, en la carretera que comunica a la comunidad de San Juan Tepeuxila con las demás comunidades, en un tramo que comprende desde el río de la Grana, límite natural con San Francisco Tutepetongo, y el sitio conocido como la capilla, sobre la carretera mencionada por ubicarse allí una pequeña capilla dedicada a la virgen de Guadalupe. Es necesario indicar que en este caso el sitio mencionado se encuentra totalmente fuera del polígono que comprende las 3500 has., concedidas ilegalmente en 2006 a Minera Zapata S. A. ce C. V., la cual renunció a la titularidad, lo que ocasionó que el propio gobierno Federal pusiera en licitación las tierras mencionadas en abril del 2008, nuevamente de manera ilegal al no haber hasta el momento ninguna notificación oficial, ni a las autoridades municipales ni a las representaciones comunitarias de los afectados.
El espacio mencionado, es conocido como el Zorrillo y se encuentra en los límites de San Juan Tepeuxila y San Francisco Tutepetongo, en los últimos dos meses ha sido visitado por equipos de exploración de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, en una franca violación a la autonomía de las comunidades, el régimen de propiedad es comunal en la totalidad de las comunidades afectadas, por lo que se rigen por usos y costumbres, pues como dato adicional se trata de comunidades indígenas, amparadas por leyes federales y estatales, como la propia Ley General de Cultura y Derechos de los Pueblos indios de Oaxaca, así como los ordenamientos internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, y otros tantos refrendados por el SENADO de la República y por tanto obligatoriamente vigentes en nuestro país.
Alertados por la situación, el día 7 de marzo del años en curso, luego de al menos dos intentos fallidos, autoridades municipales y de la comunidad de San Juan Tepeuxila, lograron detener una camioneta con placas TK-30-538, del estado de San Luís Potosí, al servicio de la mencionada dependencia, a bordo de la cual se confiscaron algunas rocas, se solicitó la presencia de los responsables de los trabajos y el día ocho del mismo mes alrededor del medio día se presentaron otros dos vehículos a bordo de los cuales viajaba personal de la dependencia que se identificó como parte de un equipo de geólogos provenientes del norte del país, todos ello pertenecientes a dicha dependencia federales, es necesario señalar, que por acuerdo de ASAMBLEA comunitaria, se les consignó ante las instancias correspondientes en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
En un recorrido de trabajo, el equipo del CEREC, visitó en las mismas fechas varias comunidades de la región cuicateca y pudo constatar la existencia de señalizaciones similares en varias de las comunidades, estas de acuerdo con la nomenclatura geológica apuntan a la existencia de minerales como el oro y muy presumiblemente uranio, ello sin embargo hasta ahora no ha sido notificado a ninguna comunidad de manera oficial, asimismo se denunció por parte de los habitantes y autoridades comunitarias la presencia de personas ajenas a las comunidades las cuales a bordo de camionetas e incluso de helicópteros han inspeccionado los territorios de las comunidades de Copán de Guerrero y San Juan Teponaxtla, esto último testificado por parte de nuestro equipo de investigación.
Ante ello se realizaron en algunas de las comunidades Asambleas comunitarias para el análisis de la situación, hasta el momento se espera la réplica de las mismas en otras tantas, entre los resolutivos de las Asambleas se propone declarar a la Secretaría de Economía y en específico a la Dirección General de Minas organismo NON GRATO a las comunidades cuicatecas y se alertará a las comunidades para que tomen las previsiones necesarias y se impida el paso de los vehículos relacionados con esta institución, hasta en tanto la misma no considere informar puntualmente a las comunidades de la naturaleza de su presencia y disipe conforme a pruebas fehacientes las razones de su presencia y de que esta es inocua para los interesados, mientras tanto se harán las notificaciones pertinentes a los organismos estatales y federales y se conminará a que hasta que no sea cabalmente disipada cualquier duda la dependencia mencionada se abstenga de manifestar su presencia en la zona, deslindando a cualquiera de las comunidades sobre los riesgos que el personal de la DGM pueda correr de persistir en la violación de nuestros territorios.
Finalmente en tanto se realizan las diligencias correspondientes, tendientes a notificar oficialmente a las instituciones oficiales de dichas resoluciones apelamos a la vigencia de las leyes y solicitamos, nuevamente, la información pormenorizada referente a los trabajos que, hasta ahora clandestinamente, realiza la DGM en nuestro territorio cuicateco. Al mismo modo solicitamos a todos los hermanos y hermanas cuicatecos estén alertas ante las posibles implicaciones de esto y reiteramos nuestra solicitud a los pueblos y organizaciones originarias para que nos apoyen difundiendo este mensaje y observando atentamente el desenlace de los hechos.
FRATERNALMENTE
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO
¡Solidaridad para la reconstitución de la sociedad!
